Con la aprobación de las multas por 876 millones de pesos, que implicó una reducción de 60 por ciento del monto total de sanciones si se hubieran aplicado los criterios que consistentemente había instrumentado el Instituto Nacional Electoral (INE), se ha acotado la capacidad institucional para inhibir conductas irregulares en los manejos financieros de los partidos, advirtió la consejera Pamela San Martín, quien subrayó que esto derivará en estímulos a la violación de la ley.

Al ser entrevistada sobre los alcances que tendrán los términos en que se fiscalizaron las 30 elecciones locales y las federales, San Martín expresó su preocupación por la renuncia a las facultades del INE con la modificación de los criterios para ponderar el monto de las multas y la carencia de exhaustividad en que incurrió el instituto al revisar los informes de gastos de campaña.

–¿Para el consejero presidente, Lorenzo Córdova, son irrelevantes las diferencias de criterios?

–¿Irrelevante una diferencia que implicó reducir las multas mil 200 millones de pesos? Habría que preguntarse entonces qué es irrelevante.

Entrevistada sobre el desenlace en las sanciones, San Martín criticó las decisiones insólitas y el aval a información del gasto poco creíble: el INE dio por bueno el costo de 12 mil pesos que cobró la Sonora Dinamita a un candidato a alcalde o el arrendamiento del estadio Azteca en 3 millones de pesos.

Las consecuencias

Para la consejera, la decisión de modificar los criterios causará impacto a futuro al acotar los márgenes de la autoridad de la fiscalización a partir de un cambio esencial: la matriz de precios. Hasta la precampaña de este proceso electoral, un gasto no reportado se cotizaba con el precio más alto que se hubiera informado de ese mismo bien o servicio. La Comisión de Fiscalización alteró este parámetro y ahora es el precio más alto dentro de lo razonable.

Esta decisión tiene impacto directo, subrayó, en los topes de gasto de campaña cuando se identifica una erogación no informada por candidatos o partidos. Es un rubro en el cual, advierte, se redujo la tendencia creciente de la Unidad Técnica de Fiscalización a identificar gasto no reportado: a la tercera parte de los candidatos locales no se les ubicó un solo peso de recursos.

Durante los dos pasados procesos de fiscalización, el INE detectó, en 2016 con 13 elecciones locales, 144 millones de pesos como gasto no reportado; para 2017, con tan sólo comicios locales, se ubicaron 342 millones, y ahora, con 30 elecciones locales, únicamente 159 millones de pesos, es decir, si en 2017 el promedio de gasto no reportado por elección fue de 85.5 millones de pesos, para 2018 en la fiscalización histórica efectuada por el INE se redujo a tan sólo 5 millones de pesos.

No sólo en término de la magnitud de las multas se registró un viraje del INE, sino también en los plazos de pago. En una decisión que de manera inédita fue saludada por los partidos que históricamente en las sesiones donde se aborda la fiscalización son ácidos críticos del comportamiento institucional, se aprobó, además, que ahora el INE no se cobrará hasta 50 por ciento de las ministraciones por partidos, para reducirlas ahora a sólo 25 por ciento.