El presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, indicó que el 14 de septiembre es la fecha límite para que los tribunales resuelvan las impugnaciones de los partidos políticos que no obtuvieron en la elección del primero de julio 3 por ciento de la votación total válida requerida para mantener su registro.

A partr de esa fecha, el Consejo General estará en condiciones de emitir las declaratorias de pérdida de registro que correspondan y en el escenario actual, además de los partidos Humanista y Encuentro Social que están en riesgo de desaparecer, otros partidos, como Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (MC), de llegar a conservar su registro como partidos nacionales podrían perder en la ciudad el derecho a recibir financiamiento público al no haber obtenido dicho umbral de votación.

En los resultados de los comicios, de la votación válida emitida –una vez deducidos los votos nulos y para candidatos no registrados en la elección para diputaciones al Congreso de la Ciudad de México– el Partido Humanista obtuvo 2.07 por ciento de votos; Encuentro Social, 2.68; Nueva Alianza, 1.56, y Movimiento Ciudadano, 2.60 por ciento.

Nosotros solamente tenemos un partido político local que perdería el registro ante el IECM, pero hay otros que siendo institutos nacionales sí alcanzaron 3 por ciento de votos para mantenerse en lo nacional, pero en lo local no alcanzaron ese umbral de 3 por ciento y tendremos que restringirles las prerrogativas de financiamiento, apuntó.

Con esa condición, agregó, como partidos nacionales tendrían derecho a integrarse a la mesa del Consejo General del IECM y participar en las elecciones locales dentro de tres años, pero sin financimiento.

En el caso de los partidos en riesgo de desaparecer, explicó que aun cuando no se ha admitido la declaratoria correspondiente, pero ante los resultados de la elección, el IECM está obligado a resguardar los recursos asignados a los partidos a efecto de prevenir que se genere una dilapidación o venta de los bienes que afecte los activos y pasivos de la asociación política.