a utilización de la justicia como instrumento político fue la única salvación para la derecha continental. Después de décadas de legítimas victorias electorales de la izquierda, lo único que restaba era inclinar la cancha democrática y comprarse a los árbitros para continuar en la disputa. Desde hace algunos años y sin darse cuenta, los movimientos y partidos del campo progresista comenzaban a perder batallas políticas en otro teatro de operaciones: la Justicia. Los sistemas judiciales, elitistas por excelencia, fueron fácilmente cooptados para sustituir a los partidos políticos en el enfrentamiento contra las fuerzas progresistas.
Algunos especialistas lo denominan Lawfare o guerra judicial: atropellos constitucionales y legales realizados por una especie de dictadura jurídico-mediática que intenta asesinar políticamente a los líderes de izquierda y desmontar el estado de derecho. Así sucedió con el ex presidente Lula en Brasil y el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador. Ambos presos sin ninguna prueba en su contra, y sus respectivos países inmersos en el caos.
Y es en ese marco de la politización de la justicia que se da la persecución al ex presidente Rafael Correa, quien es una inminente amenaza para el retorno del neoliberalismo: un piso mínimo del 35 por ciento de voto duro y un amplio reconocimiento a su labor como presidente de 65 por ciento, superando ampliamente a Lenín Moreno. En junio pasado, el actual presidente ecuatoriano besó la mano –literalmente– del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometiendo la vuelta de los militares estadunidenses al país, cerrar Unasur y la entrega de Julian Assange. Al FMI, un aumento en las tarifas de servicios básicos y un recorte en la inversión pública. A los empresarios les perdonó 4.5 mil millones de dólares en impuestos. Y a los banqueros responsables por la quiebra del país en el 99, les devolvió sus bienes incautados.
Moreno no traicionó a Rafael Correa, traicionó a sus electores. Lo que ha hecho Correa es denunciar constantemente las atrocidades cometidas por la derecha, que mantiene el verdadero control sobre el gobierno.
Con infructíferas tentativas de implicar al ex presidente Correa en casos de corrupción o malversación del erario, ahora es acusado de una supuesta participación directa en un secuestro en 2012. El supuesto plagiado es Fernando Balda, un paramilitar ecuatoriano, prófugo de la justicia –en ese momento– y colaborador directo del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
Balda fue detenido en Colombia y extraditado para cumplir dos condenas, de los 23 juicios que tiene en su contra. Raúl Chicaiza, hoy detenido y único testigo de la acusación en contra de Correa, escribió una carta de su propio puño y letra señalando que le pagaron para involucrar al ex presidente en esta farsa. Chicaiza era socio de Balda en una empresa que vendía productos de espionaje a los servicios de inteligencia y seguridad de Colombia.
Durante los 10 años de la revolución ciudadana surgió un nuevo estado bajo el marco de una nueva constitución que permitió hacer realidad una patria que por décadas fue inimaginable: Redistribución de la riqueza, acceso gratuito a la educación, salud, nacionalización del petróleo, becas para miles de jóvenes indígenas y afrodescendientes en las mejores universidades del mundo. Incluso, Ecuador pasó de importar a exportar energía eléctrica. Los invisibles tenían el poder, pero, sobre todo, recuperaron su dignidad. ¿Quién se imaginaria que un país tan pequeño tuviera la valentía de expulsar una base aérea estadunidense de su suelo y le daría asilo a Julian Assange?
La mejor forma de intentar desaparecer a revolución ciudadana fue mediante un acuerdo de la derecha con Lenín Moreno, previo a la elección. Todo lo logrado en la década pasada comienza a desaparecer aceleradamente. La gente volvió a morir en las puertas de los hospitales y faltan cupos en las escuelas. Moreno despidió a los funcionarios que publicaron el aumento vertiginoso del desempleo y la desaceleración económica. Sin concurso público ni aprobación de la Asamblea Nacional, nombró a su propia titular, también al fiscal general, a la vicepresidenta de la república, al contralor, jueces, y consejeros de las funciones electorales y organismos de control; impulsó una consulta popular inconstitucional, e instó a la Fiscalía y la Contraloría para apresar, sin pruebas, a Jorge Glas.
El compromiso de Moreno es devolverles el país a las élites.
La crisis económica urgida por los compromisos con el FMI y la banca creará un caos que sólo beneficiará a la derecha, que ya tiene candidato presidencial, ocupa todos los puestos en la Justicia y vuelve a tener una base militar estadunidense en el país.
El rumbo en Ecuador puede ser similar al de Argentina que, con las recetas del FMI y las promesas del libre mercado, deteriora rápidamente las condiciones de vida de su gente.
Lo único que falta para terminar de abonarle el camino a la derecha en Ecuador es impedir, a cualquier precio, que Rafael Correa pueda presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales. Las encuestas lo dan, en cualquier escenario, como rotundo ganador.
* Comunicólogo
