Los ataques contra los defensores de las garantías fundamentales que han documentado la serie de desapariciones suscitadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre enero y mayo de este año, buscan criminalizar y desviar la atención de lo verdaderamente preocupante: la desaparición de personas en distintas regiones del país, muchas veces atribuida a corporaciones de seguridad del Estado mexicano, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La comisión brindó su respaldo a Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que ha representado y acompañado a familiares de las víctimas de varios de estos casos, quien ha enfrentado ataques con la intención de desprestigiar y criminalizar su labor.

Hace unas semanas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció la desaparición forzada y masiva de personas (al menos 36) en este municipio, que se dieron los primeros cinco meses del año, y de acuerdo con familiares de las víctimas en esos delitos estarían involucrados elementos de la Marina. Esa denuncia fue acompañada tanto por la CNDH como por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes exigieron a las autoridades correspondientes atender y resolver esa problemática.

Estos ataques buscan asociar la labor de defensa de derechos humanos de las víctimas y sus familiares con la protección de delincuentes, o en algunos casos señalando directamente a los defensores como criminales o con acusaciones de tener vínculos con la delincuencia organizada, enfatizó la CNDH en su comunicado de apoyo a Ramos.

Aumenta el acoso contra civiles

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez lamentó que estas acciones intimidatorias se hayan incrementado en los días recientes e incluso se han visto afectadas por las mismas servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, particularmente Karla Irasema Quintana Osuna, directora general de la asesoría jurídica federal de esa institución.

La CNDH reitera su respaldo a todas y todos los defensores de derechos humanos que día con día trabajan incansablemente acompañando familias o representando casos en todo el país, así como a los servidores públicos comprometidos con las mejores causas de la democracia y los derechos humanos, concluyó el organismo.