Opinión
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Crisis socio-política en Nicaragua
N

icaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició el 18 de abril con protestas generalizadas contra una reforma injusta al régimen de seguridad social, misma que día con día se encamina hacia la renuncia del gobierno que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se registran ya casi 400 personas asesinadas y más de mil 200 heridas, como resultado de las manifestaciones populares llevadas a cabo en calles y recintos universitarios, en cuyo seno el régimen autoritario de Ortega-Murillo ha ejercido represión por medio del aparato policial y grupos paramilitares que durante la noche infunden pánico entre la población.

La tierra pinolera acumula una larga historia de luchas revolucionarias. La que se emprendió en contra de la dinastía de los Somoza constituye quizá la más sangrienta y duradera de todas. Fueron casi 45 años en que el pueblo nicaragüense aguantó los embates de una dictadura que cometía incontables asesinatos y torturas, y gobernaba sin legitimidad popular. El inicio del fin de tal dinastía comenzó con la famosa gesta del poeta Rigoberto López Pérez, quien en 1956 le puso fin al poderío de Anastasio Somoza García y dejó el camino abierto al grupo que 20 años después se formó bajo los ideales de Augusto César Sandino y terminó por expulsar del país a Anastasio Somoza Debayle.

Nadie, ni siquiera el partidario más ferviente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hubiera podido imaginar que hoy, en pleno siglo XXI, esta nación tuviera que padecer de nuevo violencia generada por las decisiones de despóticos que llegaron al gobierno para lograr su objetivo: hacerse de fortunas de tipo familiar, a costa del pueblo nicaragüense. A la pareja presidencial le corresponde el dominio de casi todos los canales de televisión nacional, cadenas hoteleras y negocios de casas comerciales. Los cuales les permiten a sus hijos satisfacer todo tipo de caprichos personales. Con la complicidad de Murillo, y siendo el líder absoluto del FSLN, Daniel Ortega logró en 2007 su tan ansiado objetivo, como ganador de unas elecciones que todavía se tienen por muy cuestionadas. Ahora, y a pesar de retóricas disfrazadas de lenguaje pacifista, como Nicaragua quiere paz, Aquí Nicaragua libre, Basta de odio, la única paz y amor que ha recetado al pueblo son balas de francotiradores que, para intentar destruir esfuerzos organizados de diferentes marchas nacionales, se han apostado estratégicamente en lugares altos del territorio.

En la protesta del Día de las Madres, el 30 de mayo, alrededor de 15 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares armados, y apenas el martes éstos cobraron tres muertos más y decenas de heridos, al recuperar el control policial de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Contrario a lo que se pudiera pensar, y luego de ver a las turbas orteguistas infundiendo miedo en las calles y asesinando a quemarropa a familias completas, lo cierto es que los nicas ya le perdieron el miedo a ese gobierno. Existe un descontento contra Ortega en más de 90 por ciento de la sociedad. Sobre el Diálogo Nacional, sabemos que es una iniciativa que la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó, en su carácter de mediadora, para que tanto el gobierno, como quienes participan en las coaliciones que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pudieran hallar alternativas no violentas ante la crisis socio-política en Nicaragua.

Estudiantes, movimientos campesinos, sindicatos e intelectuales se presentaron al diálogo con una serie de 40 opciones que se dirigen a una refundación del Estado y al adelanto de elecciones generales propuestas para marzo de 2019. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido con la idea firme de que primero debían quitarse los tranques (retenes), pues los reclamos del sector gubernamental insisten en el tema de ellos y la obstrucción que éstos generan para la economía nacional. Incluso se afirmó que la Alianza lo único que desea es un golpe de Estado suave contra el Gobierno de Reconciliación orteguista. mediante la defensa de sus derechos frente a un poder dictatorial ya tambaleante, los nicaragüenses buscan una victoria definitiva. Resulta además necesario apuntar un último aspecto: la Iglesia, asumiendo un papel de garante en el diálogo, se ha destacado por su apoyo firme al proceso de paz. Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, y monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por conducto de su defensa del pueblo y su denuncia al gobierno, han encarnado un ejemplo de cristianismo liberador.

Si tomamos en cuenta la presión interna y el desprestigio internacional que Daniel y Rosario se han ganado por sus inhumanas acciones, sería oportuno decir que su gobierno autoritario está llegando a su fin. Se hace oportuno entonces que las distintas expresiones populares disciernan colectivamente el mejor camino para encontrar una solución pacífica al conflicto, y una alternativa política viable a la situación actual.