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Tramitan amparos contra decreto de reserva de agua

Ponen en riesgo el derecho al recurso, aseguran ONG en Jalisco

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 21 de julio de 2018, p. 24

Guadalajara, Jal.

Organismos defensores del agua y habitantes de Temacapulín, Juanaclatlán y El Salto, interpusieron dos amparos contra el decreto de reservas de aguas de la región hidrológica 12 Lerma Santiago de la subregión hidrológica Río Santiago, pues, dijeron, pone en riesgo el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano para la zona de Los Altos.

Los recursos legales contra el decreto expedido en junio, los promovieron Salvemos Temaca, Instituto Vida, Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio y el Colectivo de Abogados.

Afirmaron que la eliminación de más de 30 decretos de veda que restringían el uso del agua de 300 cuencas en México, abrió la oportunidad de ofrecerlas mediante concesiones que beneficiarán a empresas nacionales y trasnacionales, lo que significa un avance en la privatización del agua en el país.

Los amparos son colectivos y los presentaron en los juzgados de distrito del tercer distrito judicial con sede en Zapopan, Jalisco, contra el decreto de la subregión hidrológica Río Santiago, que forma parte de la región hidrológica número 12 Lerma-Santiago, que comprende parte de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, para un total de 33 cuencas hidrológicas.

El primer amparo fue interpuesto por Salvemos Temaca y pobladores de Temacapulín, quienes impugnaron el decreto al argumentar que la cuenca del Río Verde forma parte de la subregión hidrológica del Río Santiago, debido a la disputa que existe por el agua en el río Verde entre los estados de Jalisco y Guanajuato, así como las irregularidades y violaciones de derechos humanos provocadas por la construcción de la presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León.

El segundo amparo fue interpuesto por Instituto Vida y pobladores de Juanacatlán y El Salto, que impugnaron el decreto pues se pondrá en riesgo la calidad del líquido y el derecho a la salud, y se degradarán los ecosistemas.

Afirmaron que si con los decretos de veda la Conagua no cumplió con su obligación de sanear el Río Santiago, menos lo hará con el decreto de reserva, que abre la puerta a otros usos del agua y a mayores concesiones que agravarán la calidad y la disponibilidad de la cuenca de un río contaminado, sobreexplotado y sobre concesionado.