21 de julio de 2018     Número 130

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Del dolor a la organización: el
Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Ximena Antillón Najlis

La desaparición forzada es un crimen que al mismo tiempo que ocurre borra su huella. Frente a la negación oficial, los familiares de personas desaparecidas aprendieron muy pronto, en distintas épocas y latitudes, que la organización es fundamental: para sostener su verdad, para denunciar las desapariciones ante la sociedad y ante el mundo, para enfrentar la represión y exigir sus derechos, para mantener su memoria y para encontrarlos.

En México surgieron diferentes colectivos durante el período conocido como Guerra Sucia: Eureka, AFADDEM y posteriormente H.I.J.O.S. Treinta años después, en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, nacieron nuevos colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país.

Los y sobre todo las familiares de las personas desaparecidas se encontraron recorriendo los laberintos de las procuradurías y descubrieron lo que tienen en común: el dolor y la angustia por la ausencia de sus seres queridos, y la impunidad que se expresa a veces como indolencia, negligencia o simulación, y a veces en forma de amenazas y muerte. Quienes llevaban más tiempo en la búsqueda acogieron a quienes enfrentaban la desaparición reciente de su familiar. Aprendieron a reconocerse en el dolor de otros y a acompañarse desde una solidaridad radical.


ILUSTRACIÓN: sinlasfamiliasno.org

Con la desaparición forzada, que por definición implica la participación de agentes del Estado o de particulares con su aquiescencia, se pierde la seguridad y la confianza en las autoridades. Este sentimiento se profundiza frente a la falta de búsqueda e investigación. La impunidad, más allá de la falta de sanción a los responsables, significa un sentimiento de vulnerabilidad para las víctimas. Por eso, el vínculo que se funda en la identificación en el dolor es vital frente al desamparo. En otras palabras, cuando nos atacan quienes deberían protegernos, cuando violan nuestros derechos quienes deberían garantizarlos, solo nos tenemos a nosotros mismos.

Estos lazos afectivos no son suficientes para sostener la organización y se requiere un trabajo permanente para definir los objetivos comunes, las estrategias y las reglas internas de funcionamiento. Esto es un camino difícil, sobre todo cuando los vínculos solidarios se encuentran bajo la presión de la frustración y la impotencia que genera la impunidad, y los intentos de cooptación y división de las autoridades. No abundan los modelos organizativos democráticos en nuestra cultura política y se corre el riesgo de reproducir, al interior de los colectivos, las dinámicas de poder contra las que luchamos afuera.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos

A finales del año 2015, más de 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y 40 organizaciones de la sociedad civil conformaron el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) para exigir una política de Estado frente a las desapariciones forzadas y por particulares. El MNDM dirigió sus energías a exigir su derecho a la participación en la elaboración de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, que fue finalmente aprobada en octubre del 2017. Actualmente el MNDM se enfoca en el proceso de implementación de dicha ley.

Si bien los familiares organizados en el MNDM contaban con una enorme experiencia producto de años de haber asumido la búsqueda de sus seres queridos y la investigación, enfrentaban desventajas a la hora de exigir su derecho a la participación. En primer lugar, tuvieron que aprender el idioma de poder. Las instituciones, las leyes y las normas hablan un lenguaje técnico que resulta críptico para la mayor parte de las personas. Para remontar esta desventaja se dedicaron horas y horas al trabajo de formación y análisis con el apoyo del equipo técnico conformado por organizaciones de la sociedad civil. Esto permitió que las voces de las víctimas fueran traducidas en propuestas técnicas, y viceversa, que las propuestas legislativas se llevaran de regreso a las reuniones nacionales y estatales del MNDM para comprender su significado e identificar cuáles disposiciones eran inaceptables, y cuáles serían los mínimos en la negociación. Aunado a esto, los familiares de personas desaparecidas mantienen sus trabajos para sobrevivir y al mismo tiempo participan bajo las mismas condiciones frente a funcionarios que tienen formación jurídica y dedican todo su tiempo al tema, porque reciben un salario por eso.

En segundo lugar, este intenso proceso de formación y participación se daba de manera simultánea al proceso organizativo. En el MNDM se discutía cuál sería la mejor forma de mantener el flujo de información hacia los colectivos del país, así como los mecanismos de toma de decisión, sobre todo en los momentos más álgidos de la negociación legislativa y cuál sería el carácter de las comisiones que se encontraban al frente. Además de definir las formas de participación y representación, tomando en cuenta la heterogeneidad de los colectivos en diferentes regiones del país (mientras en algunos casos los familiares tienen acceso a internet y redes sociales, en otros sólo existe un teléfono para toda la comunidad) y las distintas agendas locales.

Por último, la participación de los colectivos organizados choca con los tiempos políticos. En el proceso actual de implementación de la Ley, uno de los desafíos tiene que ver con la imposición de los ritmos que lleva la creación de las normas secundarias (reglamentos, protocolos) y las instituciones que serán las encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de los responsables a nivel nacional y estatal.

Hoy toca defender el lugar que el MNDM se ha ganado frente al Estado, poner sobre la mesa las reglas de participación sustantiva para que su papel no se diluya en la simulación, respetando los tiempos y procesos de consulta interna, y profundizar formas de organización que acompañen los procesos regionales y estatales.

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