Opinión
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Economía moral

Reflexiones sobre las remuneraciones de los servidores públicos

Julio Boltvinik
D

esde que asumió la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador se ha aferrado a la idea de no aumentar las tasas impositivas ni crear impuestos; creyó y sigue creyendo que para financiar gastos adicionales basta con la austeridad: bajar drásticamente remuneraciones de servidores públicos de niveles medios y altos, y eliminar gastos como viajes, aeronaves, celulares, seguros de gastos médicos mayores y fondos de ahorro. Esto ha tenido mucho eco en los medios a partir del anuncio de AMLO de que reducirá en 60 por ciento la percepción (en efectivo) del Presidente de la República, que percibirá sólo 108 mil pesos al mes, 40 por ciento de los 270 mil en efectivo que se creía percibía Enrique Peña Nieto, y 37.8 por ciento de su sueldo real actual que dio a conocer La Jornada ayer (286 mil).

El artículo 127 (fracción II) de la Constitución (CPEUM) determina: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior… mayor a la establecida para el Presidente de la República”. Tanto AMLO como los medios (e incluso algunos juristas) interpretaron este texto sin revisar qué quiere decir la frase en términos de la fracción anterior, y sólo tomaron en cuenta las percepciones en efectivo a pesar de que la fracción I define remuneración como toda percepción en efectivo o en especie. Leyendo bien la CPEUM, entonces, la remuneración de Peña Nieto es mucho mayor a 286 mil pesos mensuales, puesto que recibe casa, alimentos y bebidas, electricidad, gas, telefonía e Internet, al parecer vestuario y calzado, y un largo etcétera, como pago en especie. Nadie ha calculado la remuneración en especie del Presidente. Si Zedillo pudo decir “no tengo cash” es porque literalmente los presidentes no tienen que pagar nada de su bolsillo. Un cálculo conservador sería que las percepciones en especie no son menores a 214 mil pesos y que, por tanto, la remuneración del presidente es, por lo menos, de 500 mil pesos mensuales. La percepción real de AMLO será igual a la suma de 108 mil en efectivo más lo que decida mantener de las prestaciones en especie vigentes. Toda la discusión sobre las remuneraciones de los servidores públicos de los tres poderes federales y de los gobiernos de las entidades federativas debe replantearse, pues se basa en una lectura falsa. Ni los magistrados, ni los senadores, ni los diputados reciben casa y alimentos (para toda la familia) como parte de su sueldo. Si AMLO supiera que, durante su sexenio tendría que pagar alquiler de vivienda, alimentación y todos los gastos usuales de una familia (como lo hacen los magistrados), probablemente no fijaría su remuneración en 108 mil, sino mucho más arriba. Muchos han estado comparando peras con manzanas.

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Pregunta obligada: ¿por qué AMLO se niega a aumentar impuestos en uno de los países con carga fiscal más baja del mundo? Si los ingresos de los altos servidores públicos son ofensivos en un país con 80 por ciento de la población en pobreza, ¿no lo son aún más los ingresos de miles de millones de pesos de los mexicanos de la lista de Forbes? ¿Por qué permitir que FEMSA eluda el ISR al invertir sus ganancias en miles de locales de Oxxo que la ley del ISR le permite depreciar aceleradamente? Dos recuerdos del Gobierno del DF (GDF) después de que AMLO bajó las remuneraciones de los servidores públicos superiores: 1) Carlos Urzúa, que fue secretario de Finanzas del GDF (y ahora será titular de Hacienda), renunció porque los ingresos que percibía no le alcanzaban. Lorenzo Meyer escribió (en Reforma) que era un caso de empobrecimiento inexplicable. 2) Cuando fui consejero ciudadano en el Evalúa DF (2008-2012) e interactúe con servidores públicos del GDF, me sorprendió el muy bajo nivel de preparación predominante. Pensé, entonces, que con sueldos tan bajos es casi imposible reclutar a los mejor preparados. Vivimos en un país capitalista y el sector público tiene que reclutar sus servidores en un mercado donde compite con empresas privadas y otras instancias por la gente mejor preparada. Si se quiere contar con buenos ingenieros petroleros en Pemex, hay que pagarles bien. Ésta es la realidad del mercado. En términos normativos, John Ackerman escribió (La Jornada, 16/7/18): “La pregunta clave no es si los servidores públicos merecen una ‘remuneración digna’, sino cual sería el monto del piso mínimo necesario”. Para buscar este tope hay que ubicar varios puntos de referencia: la LP de una familia típica en la Ciudad de México; la cantidad de ingresos que permite el máximo conceptual de bienestar (donde ingresos adicionales ya no añaden bienestar) y un nivel entre ambos, que podría considerarse el óptimo para un servidor público con fuertes y graves responsabilidades.

La gráfica (arriba) intenta acotar un rango de ingreso y bienestar asociado que requiere profundizarse. El nivel máximo de bienestar se alcanza en 10 veces la línea de pobreza, que es como lo he manejado desde hace muchos años.

julioboltvinik.org