La casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ubicada en la colonia Roma, continúa como centro receptor de demandas sociales. Mientras el gobierno de Ciudad de México continúa con la realización de obras, precisamente en la calle Chihuahua, ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 –que estuvo en servicio de 1981 hasta 1995– se movilizaron ayer para solicitar al próximo presidente su intervención.

Por considerar que no hubo una debida ponderación de la gravedad de las faltas ni de los bienes a tutelar, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a su sala especializada replantear el monto de las sanciones impuestas a los ex aspirantes presidenciales independientes por las irregularidades detectadas durante el periodo de recolección de apoyos para obtener la postulación.

Con un llamado a mirarse al espejo sin miedo ni prejuicios y reconocer las fallas, Claudia Ruiz Massieu asumió ayer la presidencia del PRI. Dijo que serán una oposición responsable cuando así le convenga a México, y anunció una reforma del tricolor a partir de la participación de sus militantes (…) ¡Vamos a levantarnos!, aseguró.

El plan de pacificación del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una buena señal para el país, en la medida en que reconoce la existencia de una grave crisis de derechos humanos, pero hasta el momento sigue sin haber una ruta definida sobre las maneras en que va a llevarlo a cabo, cómo tomará en cuenta la opinión de las víctimas y de qué manera se diseñarán políticas públicas en la materia, señalaron organizaciones civiles.

En entrevista con La Jornada, el funcionario, que se desempeña como encargado de despacho en la PGR, consideró correcta la determinación del tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, en la cual sostiene que es jurídicamente imposible cumplir las sentencias que ordenaron la creación de la comisión de la verdad del caso Iguala.

Chilpancingo, Gro.

Trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron una política de terrorismo laboral y sindical contra quienes se oponen a continuar con el régimen de corrupción en el gremio y en el propio instituto, pues aseguraron que hay decenas de empleados cesados o con derechos gremiales suspendidos, lo que incluye a secretarios generales y seccionales de varios estados.