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La transición
El INE rechazará plan del PES para subsitir
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 17 de julio de 2018, p. 5

En respuesta a una nueva consulta del Partido Encuentro Social (PES) para que el Instituto Nacional Electoral (INE) adopte otra interpretación de lo que se comprenderá como votación válida emitida –parámetro para determinar el porcentaje de sufragios por partido–, el organismo se apresta a desechar la pretensión de ese instituto político de que además de eliminar los votos nulos y para candidatos no registrados, se contemple también retirar los registrados para candidatos independientes.

Como parte de las diversas acciones que ha realizado el PES para alcanzar 3 por ciento en alguna de las votaciones federales para preservar el registro como partido político nacional, remitió una consulta al INE para que se reconsidere lo que se contempla como votación válida emitida.

El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, señaló que era inviable esta pretensión, ya que hay disposiciones legales claras y criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el proyecto de acuerdo para dar respuesta al PES se establece que la sala superior del TEPJF consideró que para efectos de la conservación del registro de un partido político nacional la votación válida emitida se integrará con los votos depositados en favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir presidente, senadores y diputados, deduciendo únicamente los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.

El documento añade que en su caso, el partido tiene a su disposicion los medios de impugnación como mecanismo para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, y con la finalidad de dar definitividad a las distintas etapas que conforman los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos político-electorales.