Tras casi dos años de investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Instituto Nacional Electoral (INE) corroboró la aportación ilegal de recursos provenientes del gobierno de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por un monto de 14.6 millones de pesos. Por ello, de acuerdo con el dictamen que se pretende aprobar en la sesión del Consejo General, se proyecta imponer una multa de 250 por ciento del monto involucrado, es decir, 36.4 millones de pesos.

Conforme al dictamen que ya circula para su discusión y eventual aprobación por el Consejo General en su próxima sesión, el origen de la aportación de recursos de un ente prohibido se cometió durante 2015, cuando el INE encontró indicios de irregularidades en el informe de gastos del PRI, por lo que abrió un procedimiento especial para indagar el presunto financiamiento irregular.

Según la investigación del INE, desde el gobierno de Chihuahua se habría incurrido en una triangulación financiera ilegal que incluía a la empresa Servicio Panamericano de Protección (Serpaprosa), a la que se canalizaban las presuntas aportaciones voluntarias de funcionarios del gobierno de Chihuahua en 2015.

En la trama, confirmada por el INE a partir de información proporcionada, entre otros, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), “se logró establecer que los recursos depositados a la cuenta de Serpaprosa –como concepto de compensaciones a trabajadores– para el efecto de cambiar los cheques y reintegrar el recurso en efectivo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad, para su posterior entrega al C. Pedro Mauli Romero Chávez, en su calidad de secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua”.

A partir de estas presuntas compensaciones, se detonaba la emisión del primer cheque por concepto de compensación con descuento, se imprimía el recibo de pago y adicionalmente una carta de autorización con el espacio de la firma en blanco, para que las áreas administrativas de cada dependencia recabaran la rúbrica de los trabajadores, mediante la cual el servidor público consentía las deducciones correspondientes.

De las indagatorias del INE, que involucraron no sólo a la Fepade sino también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, se desprendió que:

Se tuvo conocimiento del mecanismo mediante el cual se realizó la retención de salario a diversos trabajadores adscritos a diversas dependencias del gobierno del estado de Chihuahua, la salida del recurso de la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del gobierno de la entidad, de su depósito a la cuenta de Serpaprosa, su traslado en efectivo a oficinas de la secretaría y para su posterior recepción por Pedro Mauli Romero Chávez.

Al fijar el monto de la multa, tras considerar la irregularidad como una falta grave especial, el INE subraya que en esta trama financiera el PRI siempre negó tener conocimiento de su existencia, y establece que es dable concluir que se cumple con los elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, al deducirse la intención específica del Partido Revolucionario Institucional.