La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha integrado expedientes por responsabilidad administrativa y penal contra 72 señalados por el desvío de mil 88 millones de pesos, en el que está involucrada la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles Barlanga.

En las auditorías hechas por la ASF a las cuentas públicas de 2016 y 2017, se descubrió que bajo la orden de la ex perridista se constituyó una red de contratos de tercerización de prestación de servicios con universidades públicas, como la Autónoma del Estado de México y la Autónoma de Zacatecas, entre otras.

Esa actividad ilegal fue uno de los argumentos que utilizó la oposición panista al gobierno federal para reprocharle actos de corrupción y opacidad. Ahora, el órgano fiscalizador de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ha elaborado las 72 carpetas de responsabilidad, de las cuales 65 son dirigidas contra personas físicas y el resto contra personas morales.

El auditor superior de la Federación, David Colmenares, confirmó esa información aduciendo la existencia de un desfalco por mil 88 millones de pesos.

En entrevista telefónica con Joaquín López Dóriga, informó sobre la fiscalización a la Universidad Autónoma de Campeche, la Televisora de Hermosillo, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, la Escuela Superior de Tabasco, Diconsa, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a seis instancias enfocadas en programas de la Secretaría de Agricultura y de Sedatu, por medio de seis auditorías forenses.

Despido de Dora Buchanin

El funcionario, quien depende de la Cámara de Diputados, respondió con amplitud a las críticas por el despido de Muna Dora Buchanin, encargada de las llamadas auditorías forenses.

“Yo sé que es difícil; te acostumbras a estar mucho tiempo en una institución, pero llega un momento en que te toca salir. A mí me ha tocado, he estado como cinco veces en la Secretaría de Hacienda, he entrado y salido. Con (Francisco) Gil Díaz fui coordinador de la relación con entidades federativas, y me quedó muy claro: antes de que me pidieran que renunciara lo hice yo y todo el equipo. Ahora pasa lo mismo, y no faltará quien se inconforme y diga que es injustificado, cuando la única razón para salir no es más que la éticamente profesional y laboral.

En la administración pública los cambios son naturales; los anteriores auditores también lo hicieron, es un tema laboral que me da pena tocar y ya, hasta ahí.

En torno al trato fiscalizador a las cuestionables cuentas de las entidades federativas, Colmenares adelantó que habrá vigilancia sin concesiones. Estamos revisando profundamente (sus cuentas). Sé de qué pie cojean. Vamos a ser muy responsables, muy profundos, y que los resultados sean en firme y en el corto plazo.

Al preguntarle su grado de independencia, aseguró: soy independiente del gobierno. El Congreso me eligió por ocho años, tenemos que hacer un trabajo con resultados, nos tenemos que adaptar a los cambios institucionales con el tiempo, y en este caso, nuestros programas de fiscalización tendrán que adaptarse a la realidad administrativa.