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Por fuga de El Chapo, siguen en proceso 25 implicados
Gustavo Castillo García y Dennis A. García
 
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2018, p. 14

A tres años de la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, todavía siguen sujetos a proceso penal 25 presuntos participantes en la evasión (otros cinco fueron dejados en libertad bajo reservas de ley), entre ellos 20 ex funcionarios públicos y 10 civiles.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, solamente cuatro de los 20 ex funcionarios han obtenido sentencias de libertad, el resto se encuentra en etapas de reposición de procedimiento o en revisiones del auto de formal prisión en vía de amparo.

En tanto, de los 10 civiles –entre ellos los pilotos de las aeronaves en las que El Chapo logró llegar a Sinaloa tras huir por un túnel que llegaba desde su celda hasta un predio cercano al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1– sólo uno ha quedado libre.

Hace tres años, a la una de la mañana, se confirmaba la fuga de Guzmán Loera, la segunda que el mismo interno –y único en hacerlo– realizaba en el país de un penal de máxima seguridad, esta vez del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México. La primera vez fue en enero de 2001.

En realidad, las autoridades penitenciarias registraron como hora de la fuga las 20:52:03 del 11 de julio de 2015, cuando el capo huyó por la coladera de la celda 20, ubicada en el pasillo dos del área de Tratamientos Especiales.

Supuestamente ninguno de los 14 monitoristas (entre personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional –Cisen– y de la Policía Federal) observó nada extraño, tampoco avisaron de la evasión en tiempo ni se cumplió el protocolo de avisar al entonces director del penal, Valentín Cárdenas Lerma, ni a la responsable de todo el sistema penitenciario federal, Celina Oceguera Parra.

La acusación contra los ex servidores involucrados sostiene que altos funcionarios y otros del Cefereso, policías federales y personal del Cisen garantizaron al capo que la vigilancia sería deficiente. Eso sirvió para que el abogado de El Chapo, Óscar Manuel Gómez Núñez, se convirtiera en el mensajero y artífice para la planeación, patrocinio y adquisición de un predio y la construcción de un túnel.