Washington

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó ayer a la Corte del Distrito Sur de California más tiempo para reunir a unos 3 mil niños migrantes con sus padres tras ser separados en la frontera con México bajo la política de cero tolerancia, orden que desató fuertes críticas internas y externas contra el mandatario.

La juez federal Dana Sabraw ordenó a la administración de Trump reunificar a los niños menores de cinco años para este 10 de julio, y para el día 26 a aquellos que tienen entre cinco y 15 años. Las autoridades argumentaron que no pueden cumplir con esos plazos si se quiere aplicar los procedimientos de verificación del parentesco entre los menores y sus padres o tutores.

El Departamento de Salud anticipa que en algunos casos no podrá completar los procesos adicionales dentro de los plazos que la corte prescribió, particularmente con respecto a los miembros de la clase que ya no están bajo custodia del gobierno, explicó el Departamento de Justicia en una petición que presentó horas antes de una audiencia en San Diego.

Son 3 mil menores

En su listado también solicitó detalles sobre procedimientos para hacer las reuniones y afirmaron garantizar la seguridad de los menores a la hora de ser liberados. La petición incluyó pruebas de ADN, una verificación de antecedentes penales y la seguridad de que los padres podrían proveer para el bienestar físico y mental del niño.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tiene la custodia de los infantes, realiza pruebas de ADN para confirmar los parentescos. Inicialmente se habló de 2 mil 300 menores separados de sus padres, pero el secretario de esta institución, Alex Azar, elevó el pasado jueves la cifra a 3 mil, de los cuales 100 no pasan de los cinco años.

Azar afirmó que se cumpliría con los plazos artificiales creados por el tribunal. Sin embargo, los métodos aplicados por la institución despertaron críticas de organizaciones pro inmigrantes ante una posible vigilancia de los menores durante toda su vida.

Fuentes de la dependencia explicaron que los documentos se usan para identificar a las personas, y que el ADN proporcionaba una copia de seguridad cuando el papeleo no estaba disponible. Los plazos fijados por la Corte ahora significan que los funcionarios usan el ADN como un medio primario para la identificación.

Por orden del fiscal general, Jeff Sessions, el 19 de abril se comenzó a perseguir penalmente a todo inmigrante arrestado tras cruzar ilegalmente la frontera con México. La persecución penal implica el envío a la cárcel y allí, según la ley, no pueden estar los niños.

El presidente firmó un decreto hace dos semanas para frenar las separaciones, pero éste no pone fin a la persecución penal de los indocumentados, sino que establece que los niños sean encarcelados con ellos. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una denuncia en San Diego contra la medida y el juez Dana Sabraw falló a favor para que se detuviera la práctica.

En este contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desestimó los llamados para desaparecer la Oficina de Aduanas y Migración (ICE) y prometió que la agencia continuará con su reforzamiento a partir de mayores fondos y personal para hacer su tarea.

Con Donald Trump nunca aboliremos ICE, prometió Pence durante una ceremonia de nuevos agentes migratorios en las instalaciones de esta dependencia. También denostó a los críticos de las política migratoria de su gobierno e insistió en asociar a los indocumentados con el crimen y pandillas.

Dan de baja a reclutas

En tanto, algunos reservistas y reclutas del ejército de Estados Unidos que se enrolaron por la posibilidad de naturalizarse estadunidenses están siendo dados de baja abruptamente, de acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias Ap.