Chihuahua, Chih.

Policías estatales desalojaron a golpes a unos cien ejidatarios de la colonia rural Sacramento, quienes pretendían impedir el cierre de una brecha que construyeron en abril pasado para evitar el pago de una caseta de peaje de la autopista que utilizan para viajar a esta ciudad y que es administrada por la Secretaría de Hacienda estatal.

La refriega dejó un saldo de varios heridos y oficialmente seis detenidos, incluido un adolescente de 14 años de edad, pues había mujeres, niños y ancianos, denunció la Asamblea Popular del Ejido Sacramento.

Durante la madrugada del viernes, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas colocó vigas de acero y trabes de concreto para obligar a los habitantes de la zona conurbada de la capital del estado a pagar la caseta de peaje de la autopista Panamericana, tramo Chihuahua-Ciudad Juárez.

Cuando los ejidatarios se dieron cuenta de que les bloquearon la brecha de la dignidad y la libertad, que habían construido a un lado de la caseta Sacramento para ingresar a la carretera de paga, decidieron quitar los bloques de concreto utilizando sus tractores y cuando llevaban eliminados la mitad, llegaron alrededor de 60 policías a enfrentarlos, rompieron el cerco humano y detuvieron a seis manifestantes, además de provocar varios heridos.

Los detenidos son Fidel Chávez, dirigente del Movimiento Estatal de Braceros; Iván Tarín, activista y periodista independiente de la revista Ala Sur; además de los campesinos Emanuel Sosa, Benito Espinoza, Alexis Espinoza y Óscar Marrufo, pero los manifestantes señalan que fueron detenidos al menos otros tantos sin precisar nombres.

La fiscal especializada en Control, Análisis y Evaluación, Érika Jasso, informó que los seis detenidos posiblemente sean consignados, ya que incurrieron en la comisión de un delito.

Uso irracional de la fuerza

Videos de la intervención policiaca que circularon en redes sociales mostraron el uso irracional de la fuerza pública, pues los inconformes no opusieron resistencia y eran superados en número por los agentes estatales.

El dirigente de los ejidatarios, Fernando Flores, había acordado con representantes del gobierno del estado que los exentarían de pagar por vivir en la zona, pero solamente 10 por ciento de estos habitantes han recibido ese beneficio, los que simpatizan con el PAN, dijo.

El cierre de la brecha –que fue abierta por los ejidatarios con maquinaria pesada en abril pasado– ocurre cinco días después de la jornada electoral; versiones de los vecinos indican que la administración estatal panista prometió no intervenir hasta después de las elecciones, a cambio de apoyo a la candidata a diputada local del gobernante Partido Acción Nacional.

César Jáuregui Robles, secretario de Gobierno, justificó que el gobierno estatal haya incumplido el acuerdo unilateralmente, pues el ofrecimiento de entregar tarjetas de pago preferencial fue excesivo, pues el número de las que fueron emitidas ya superaba la cantidad de poblaciones vecinas, lo que es un abuso y no quedó otra alternativa.

Fernando Flores, integrante de la Asamblea Popular Comunitaria, señaló que en días previos la Fiscalía General del Estado le informó de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión para intimidarlos, pues han insistido en que les den paso libre por la brecha desde abril pasado. La organización convocó a una manifestación fuera de las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro, para exigir la liberación de los detenidos.