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Elecciones 2018
La PGR ha recibido 650 denuncias por llamadas antiAMLO
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de junio de 2018, p. 6

La Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), recibió en la semana 650 denuncias por llamadas en contra del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes ministeriales indicaron que las denuncias por las llamadas que han recibido los ciudadanos en las que se intenta desprestigiar al candidato por la coalición Juntos Haremos Historia se han recibido por los distintos sistemas con los que cuenta la Fepade para atención ciudadana, como Fepadetel y Fepadenet. De acuerdo con el catálogo de delitos electorales, hacer ese tipo de llamadas atentan contra el voto libre y secreto; aunque no se considera como delito grave, la sanción puede alcanzar de seis meses a tres años de prisión.

Las denuncias que más atiende la Fepade son por alteración al registro federal de electores, que equivale a 80 por ciento de las denuncias, el condicionamiento de programas o servicios públicos, la compra o coacción del voto y la utilización de bienes o servicios públicos en una campaña.

De acuerdo con la ley general en materia de delitos electorales, quien realice algún acto intimidatorio que atente contra la libertad del sufragio o imposibilite el libre acceso de los electores a la casilla, se le impondrá una pena de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años.

El servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en actos proselitistas, voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición, se le impondrá una pena de hasta 400 días multa y prisión de dos a nueve años.

En la semana comenzaron a quejarse los ciudadanos por recibir llamadas con la que se pretende denostar al candidato López Obrador, acción que fue reprobada por la propia Fepade.

Por medio de un comunicado, la institución dijo que se comenzó con la investigación luego de tratarse de un delito electoral al utilizar datos personales (los números celulares) para realizar proselitismo en contra de candidatos.