El director del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), Arturo Cerón Vargas, afirmó que la política social de la capital del país no es asistencialista y que este es un adjetivo que se usa políticamente para desvirtuar los logros del ejercicio de los derechos sociales de los capitalinos.

Entrevistado luego de entregar constancias a dependencias que atendieron las recomendaciones impuestas en las evaluaciones externas a los programas sociales que manejan, detalló que la política pública en este rubro ha permitido que la Ciudad de México tenga los niveles más bajos de pobreza extrema de todo el país, de 1.2 por ciento, y que de no existir los programas sociales ese índice sería mucho mayor.

Es una visión muy errónea asegurar que la política social de la ciudad es asistencialista, pues todos los programas locales tienen como finalidad mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.

Cuando la política social no está relacionada con una política económica, se hace más grande la desigualdad, expresó Cerón Vargas, quien agregó que la disminución de la pobreza extrema es resultado de que los programas cumplen con la función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos sociales, por lo que no existe asistencialismo, como se trata de manejar políticamente por algunas personas.

Manifestó que la política social de la Ciudad México es una de las más consistentes en América Latina y una de las más fuertes a escala nacional, reconocida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social.

El reto, señaló, es fortalecer esta política de acuerdo con las condiciones que vayan marcando las mediciones de pobreza y bienestar económico, y para ello las evaluaciones de los programas serán fundamentales para disminuir las condiciones de desigualdad en la capital del país.

Añadió que las reglas de operación de los programas sociales no nada más fijan la definición de la población objetivo o la estructura de una estrategia en específico, sino que también impone mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, indicadores que son evaluados por la contraloría para detectar si hay desviaciones.