En los últimos 11 años, organizaciones de la sociedad civil han documentado 151 casos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada, lo cual deja ver la existencia de una política represiva mediante la cual las víctimas son desaparecidas por su forma de pensar, su participación política o por organizarse para exigir justicia y vida digna.

Colectivos participantes en las actividades por la Semana internacional del detenido desaparecido afirmaron lo anterior y señalaron que la desaparición forzada en México le ha servido al Estado mexicano como política contrainsurgente, como lo demuestra el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz.

Ambos luchadores sociales, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario como sus integrantes, fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca por fuerzas federales y estatales, y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Usan un método sistemático y generalizado para generar terror, señalaron los activistas en conferencia de prensa, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014.