El nuevo marco institucional que regirá a la capital del país, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, publicada ayer en la Gaceta Oficial, determina que quien asuma el cargo de la jefatura de Gobierno el próximo 5 de diciembre dispondrá para auxiliarse en sus funciones de 21 dependencias, donde la actual Agencia de Gestión Urbana adquirirá el nivel de secretaría y tendrá a su cargo la planeación y ejecución de los servicios urbanos e intervenciones en la vía y los espacios públicos.

Destaca en la ley la desaparición de la Procuraduría General de Justicia, que será sustituida por la Fiscalía General de Justicia, como organismo autónomo que sale del ámbito de la administración pública centralizada; además, el nombramiento de su titular no corresponderá al jefe de Gobierno.

Cambian en su denominación las secretarías de Protección Civil, a la que se agregará: y de la Gestión Integral de Riesgos; la de Seguridad Pública se convertirá de Seguridad Ciudadana y se antepondrá a la de Finanzas el título de Administración, en tanto que la Contraloría General adquirirá también condición de secretaría.

Entre las facultades del Ejecutivo local, a partir de las modificaciones al artículo 122 constitucional y las disposiciones previstas en la Carta Magna capitalina, están la de nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias, en la que garantizarán la paridad de género, incluido quien ejerza el mando directo de la fuerza pública, salvo en el caso de la Secretaría de la Contraloría, en la que deberá proponer una terna al Congreso de la ciudad.

La ley consagra que en la Ciudad de México los seres humanos, por el sólo hecho de serlo, tienen el derecho a una buena administración pública, que va desde el trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos, la garantía de audiencia y el acceso a expedientes, hasta la indemnización por daños derivados de actos u omisiones de la gestión.

Mientras quienes resulten ganadores en la elección de las diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías, cuentan ya también con el sustento jurídico de los cargos que ocuparán al publicarse las otras leyes derivadas de la Constitución Política de la Ciudad de México, que expidió la Asamblea Legislativa (ALDF).

Entre las normas promulgadas está la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre al instalarse la primera legislatura, con la extinción de la actual ALDF.

En esa misma fecha cobra vigencia la Ley Orgánica de Alcaldías, cuyos titulares entrarán en funciones el primero de octubre, al concluir las funciones de los actuales jefes delegacionales.

Este conjunto de normas incluye la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé la formación del Consejo Judicial Ciudadano, primera instancia en el país que abre a los habitantes la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura (órgano de control y vigilancia de las funciones de jueces y magistrados) y la norma que crea la Sala Constitucional del mismo Poder Judicial, encargado de la resolución de controversias entre poderes locales, la interpretación de la Constitución Política capitalina y resolver demandas de restitución de derechos humanos a víctimas de violaciones de sus garantías y omisiones del Legislativo.