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Presenta Open Society en México su informe Corrupción que mata
 
Periódico La Jornada
Viernes 4 de mayo de 2018, p. 17

El reiterado fracaso de las autoridades mexicanas para investigar y procesar adecuadamente crímenes atroces está íntimamente ligado a la corrupción endémica, por lo que es necesario crear un mecanismo internacional autónomo con capacidades de investigación que coadyuve a posibles soluciones y que cuente con la supervisión de la ONU.

Así lo consideraron especialistas, integrantes de organizaciones civiles y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la presentación del informe Corrupción que mata, elaborado por Open Society Justice Initiative (OSJI) –la fundación de derechos humanos más grande del mundo– en coordinación con algunas organizaciones civiles mexicanas.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseveró que la corrupción es un factor causal de graves violaciones a garantías y a la vez un obstáculo para la justicia.

Ya no consiste en actos corruptos individuales, sino que es sistemática, y genera violencia e impunidad. Cuando esto pasa, los Estados pierden su capacidad de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las consecuencias estructurales permean el funcionamiento del Estado. Puede haber una corrupción sistemática donde el Estado pierda la capacidad de tomar decisiones autónomas que busquen el bien común, y es abiertamente coptado, ya sea por intereses económicos, bandas criminales o por la propia clase política para obtener ventajas personales.

Recordó que el Alto Comisionado de la ONU para estas garantías, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo 14 recomendaciones a México –tras una visita oficial al país en 2015– y la primera fue crear un consejo asesor para proponer estrategias contra la impunidad, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Lo que no ha sido aceptado por el Estado mexicano.

James Goldston, director de OSJI, advirtió que si la impunidad continúa y el Estado mexicano no reacciona, podría intervenir inclusive la Corte Penal Internacional de La Haya.