El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, evidenció la magnitud de la tortura en México: de 2000 a mayo de 2017, el organismo recibió 417 quejas por este delito y emitió 102 recomendaciones, dos en particular por violaciones graves.

Al inaugurar el taller Retos y oportunidades para la prevención de la tortura en México, indicó que tan sólo el año pasado la CNDH dirigió un exhorto por violaciones graves y 16 recomendaciones en las que acreditó dicho crimen, además de ocho del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En lo que va de 2018 se emitió una más por detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual contra una mujer en San Luis Potosí, atribuible a 14 elementos militares y de la Policía Federal.

La persistencia de esta práctica en el país, enfatizó, demanda que la sociedad y las autoridades reconozcan, entiendan y vean de frente el problema, pues negarlo o relativizarlo a nadie ayuda y a todos nos perjudica.

Señaló que México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentar este problema y consolidar así la democracia, el estado de derecho, así como el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos.

La Jornada pudo conocer una carta que recientemente el ombudsman envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la que alentó a publicar el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

En ella subrayó que es necesario que el informe, producto de una visita a México en diciembre de 2016, se haga público para cumplir las recomendaciones.

La misiva fue dirigida al subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

La instancia internacional entregó al Estado un informe en el que documentó las conclusiones tras su visita al país, el cual estuvo bajo reserva por cuatro meses, hasta que la administración federal se viera forzada a revelar su contenido debido a que varias organizaciones civiles presentaron una solicitud de acceso a la información.

González Pérez aseguró en su escrito: Esta CNDH, en su carácter de organismo autónomo e independiente, considera que es deseable que dicho informe se haga público, para así cumplir con una de las recomendaciones del subcomité, y mantener el compromiso de México de plena cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos, de manera abierta y transparente.

Instó a que una vez hecho público el reporte del SPT se empredan desde la autoridad federal todas las acciones necesarias para implementar lo antes posible las recomendaciones.