Capital
Ver día anteriorDomingo 15 de abril de 2018Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Subastaron el edificio de Álvaro Obregón 182; era recinto cultural

Autoridades entregan la antigua sede del PPS al cártel inmobiliario, acusan
 
Periódico La Jornada
Domingo 15 de abril de 2018, p. 26

El edificio de Álvaro Obregón 182, en la colonia Roma, que en los años 70 albergó las oficinas del extinto Partido Popular Socialista (PPS, que ahora subsiste como agrupación política nacional), así como al colectivo Centro Cultural Artesanal Cooperativo (CCAC), tiene un aviso de desalojo y es inminente su paso a manos de una inmobiliaria que lo obtuvo en subasta realizada por la Secretaría de Finanzas capitalina (Sefin).

Intestado y con un adeudo de 296 mil 282 pesos en impuesto predial, la dependencia capitalina aplicó el embargo para subastarlo, tras negarse a aceptar el pago, explicó Cosme Mercado Téllez, miembro del comité directivo en la Ciudad de México de la APN Popular Socialista, quien acusó el interés del gobierno de la ciudad en todo el procedimiento de favorecer la entrega del inmueble al cártel inmobiliario.

Tras perder un amparo contra los actos de la dependencia capitalina, el dirigente social indicó que hubiese sido preferible enajenarlo al mismo gobierno de la ciudad con la condición de que se mantuviera su uso como centro comunitario, cultural y artístico, en el que se han realizado presentaciones de libros, conferencias y mesas de debate.

Admitió que eso tampoco evitaba que el gobierno terminara cediendo el predio a un particular, como lo hizo en la subasta a la empresa Fondo Reciclaje Uno, que a decir de agrupaciones vecinales como 066000 Plataforma Vecinal Juricuas y Observatorio de la Colonia Juárez es una fachada de la empresa Re Urbano, que pertenece al arquitecto Luis Rodrigo Rivero Borrell.

Es un despojo legalizado para favorecer a una inmobiliaria y continuar la política gentrificadora en la Roma, señaló.

Esto, agregó, fue evidente al negarse a llegar a un acuerdo con el argumento de que los propietarios legales tenían que acudir personalmente a gestionar ante la dependencia.

Nunca aceptaron la explicación de que los compañeros Indalecio Sayago Herrera y Lázaro Rubio Félix (a cuyo nombre se escrituró el inmueble como secretarios General y de Finanzas del partido, al adquirirlo entre 1973 y 1975 con las cuotas de la militancia) lamentablemente murieron.