a ciudadanía en nuestro país vive tiempos de campaña, aun sin ser militantes de partido político alguno. La campaña a que refiero no es la de los mensajes o promesas que se expresan en discursos de escasos contrastes, o por conducto de redes sociales y medios masivos de comunicación, o la que simula atender la suspensión de propaganda gubernamental en torno a programas sociales. En suma, no es la que regula el Instituto Nacional Electoral.

Esta campaña no se ostenta como tal y, claro, tiene reglas, las del capital trasnacional, y las aplica ciegamente mediante el Estado dominado y ocupado en que se ha convertido al proyecto emanado de una revolución, la de 1917. Toda una historia de avances y retrocesos, de luchas sociales, que aún no logran desmantelar ese auténtico poder metaconstitucional.

Mantenemos, por supuesto, los tres poderes, y cada periodo, en el Legislativo y el Ejecutivo, se nombran a unos y saltan a otros, en la lógica de garantizar el gatopardismo. La semana anterior tuvimos la perla de las evidencias, que por respeto al zapatismo me resisto a llamar la otra campaña, porque además se trata de la campaña, la real, la que verdaderamente nos afecta, seamos o no conscientes de ello.

Se efectuó el Foro OCDE México 2018 que, casualmente, celebra cada seis años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como una guía, dijeron, de las mejores prácticas internacionales para el desarrollo de políticas de la nueva administración. Qué claridad de lenguaje, no hay lugar a equívocos. Presentaron la tercera edición de la serie Prioridades estratégicas para México (Getting it Right para México), en la que se reivindican en el origen de las iniciativas del gobierno federal validadas en el acuerdo denominado Pacto por México, firmado en 2013 por todos los partidos políticos. Al respecto afirmaron: El reto de la inversión resulta crucial para el éxito de las políticas energéticas de México a mediano plazo. Sin la inversión necesaria, el sector energético no desencadenará su potencial para el crecimiento y la creación de empleos. Pemex ya afronta un desafío hoy, mientras lucha por aumentar las inversiones tan sólo para mantener sus niveles actuales de producción de petróleo. Hoy vinieron a reafirmar que las reformas resultaban prioritarias, y deben mantenerse y profundizarse. Sí lo son, en efecto, para las empresas que han sido favorecidas mediante concesiones para la exploración y explotación del petróleo, la minería a cielo abierto, gasoductos, de apertura y competencia en telecomunicaciones. La OCDE recomendó poner en práctica el sistema anticorrupción, el funcionamiento más expedito y transparente del sistema judicial, así como el combate a la inseguridad.

Le dio tarea a los nuevos administradores del Estado, incluso sus voceros expresaron que es comprensible que quieran introducir matices en política energética, pero de ninguna manera cambiar el rumbo ya trazado en la propia Constitución. En la misma línea tenemos las declaraciones cotidianas del gobierno federal en torno a la inevitabilidad de la continuidad, mientras apresuran el otorgamiento de concesiones en materia de hidrocarburos, cuestión no incluida en la veda electoral. Ningún partido ha fijado postura categórica al respecto, pero sus candidatos tranquilizan al capital y los que se esperaban más radicales, ofrecen frágiles respuestas y dejan a sus operadores, las declaraciones en torno a que las concesiones ya fueron revisadas y están en orden.

Pero también la semana pasada se escuchó la voz de la llamada sociedad civil ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la reunión celebrada en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más de un centenar de organizaciones presentaron un informe alternativo al del Estado mexicano sobre el conjunto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Por ejemplo, documentaron las violaciones en torno al derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas, y la delegación oficial señaló que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este derecho, se han tomado medidas y construido protocolos y agregaron que las problemáticas suscitadas en torno a estos procesos, se dan por las divisiones de las comunidades y no por omisiones o fallas en la aplicación. Obviamente no reconocen el papel activo de la parte gubernamental en la promoción de las mismas; en fin, recurrieron a la muy vieja coartada de los conflictos intracomunitarios. En la ONU también en estos días se ha abierto otra litis con el peñanietismo, con la presentación del informe Doble injusticia, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que cuestiona las bases de la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, Todo ello mientras los pueblos indígenas, desde sus territorios, se resisten al despojo y a la violencia.