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Se necesita más de un año para la transición: senadores del PAN, PT-Morena y PRD

Apoyan aplazar el nuevo sistema de justicia laboral
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Este es el sexenio de grandes leyes que no operan, expresó el senador Luis Humberto Fernández al apoyar la vacation legis o aplazamiento en la puesta en marcha de juicios orales en materia laboralFoto Luis Humberto González
 
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2018, p. 13

Senadores del PAN, PT-Morena y PRD coincidieron en señalar que el Congreso debe rectificar su error y dar un plazo de transición mayor para la puesta en marcha del nuevo sistema de imparti-ción de justicia laboral, a fin de que pueda operar con éxito esa reforma que desaparece las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de conflictos obrero-patronales al Poder Judicial.

El plazo de un año para la entrada en vigor del nuevo sistema, basado en jueces y tribunales laborales, que los legisladores establecieron en la reforma constitucional de febrero de 2017, no fue suficiente, como quedó demostrado ya, advirtió el senador del PT-Morena Luis Humberto Fernández.

Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, responsable de dictaminar esa ley secundaria sobre justicia laboral, hizo notar que se deben escuchar las voces de magistrados y presidentes de juntas de Conciliación que han insistido en una vacation legis, es decir, en un mayor tiempo para la aplicación del nuevo modelo, ya que ni siquiera se asignaron los recursos necesarios.

El senador Fernández señaló que desafortunadamente este es el sexenio de grandes leyes que no operan. Basta ver, dijo, la catástrofe que ha representado el sistema penal acusatorio, debido a las deficiencias en su operación, y lo mismo podría pasar con el modelo laboral.

Por separado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en señalar que ambas cámaras del Congreso deben asumir sus fallos y acordar esa vacation legis, para que haya tiempo suficiente de poner en marcha el instituto de conciliación y el tribunal laboral, permitir que las juntas terminen con el fuerte rezago de juicios que arrastran y capacitar al personal.

Igualmente, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, dijo que no puede pensarse en que una nueva ley podrá operar al 100 por ciento de golpe y porrazo y menos una legislación como ésta, que viene a mover el estado actual de las cosas.

Sin embargo, comentó que está dispuesto a discutir la necesidad de ampliar los plazos, a fin de que la ley tenga un aterrizaje óptimo. Lo importante, recalcó, es que todas las fuerzas políticas en el Senado estemos en la dis-posición de movernos en una dirección y apostar a que a la brevedad se tomen medidas integrales que conduzcan a un modelo con mejores condiciones para resolver los diferendos entre trabajadores y empresarios.

El senador Fernández dijo que esa reforma es importante y lo conveniente es dar un tiempo suficiente para que opere y sea en realidad una justicia ágil, expedita, no juicios que tardan cuatro años. Hay que escuchar, insistió, a quienes aplicarán el derecho laboral y expusieron ya los problemas.

A su juicio, hay que ampliar el plazo de un año fijado en la reforma constitucional y tomar algunas precauciones en la ley reglamentaria. Creo que eso sería lo más efectivo, pero no tiene sentido ampliarlo si no hay una hoja de ruta para dictaminar.