Con el inicio de la veda electoral por el periodo de intercampañas, los funcionarios delegacionales y de las dependencias del gobierno capitalino tienen prohibido usar programas sociales o recursos públicos con fines electorales, promover aspirantes o el voto en favor de alguien, entre otras restricciones, como quedó asentado en el acuerdo que precisa las obligaciones y prohibiciones de los servidores publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

El documento especifica que no se podrán utilizar ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil, como sucede con el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México.

Aunque no se suspenderá la ejecución de los programas sociales, éstos deberán ajustarse a las reglas de operación establecidas y no ser usados con fines electorales.

En el acuerdo se establece que los servidores públicos se abstendrán de utilizar con fines lucrativos o partidistas las políticas y programas sociales, por ejemplo, condicionar la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos para obtener votos en favor de un contendiente.

Asimismo, quedó prohibido solicitar votos a cambio de incluir o ser beneficiario de programas sociales o planes durante las campañas electorales o el día de la jornada electoral.

No se deberá amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en actos proselitistas, o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato.

El acuerdo también establece las obligaciones y prohibiciones relacionadas con el uso de los recursos humanos, materiales y financieros públicos; la difusión o promoción, incluyendo redes sociales, de acciones de gobierno y aspirantes a candidatos o partidos políticos. Su incumplimiento puede dar lugar al fincamiento de responsabilidad penal y administrativa, así como a la aplicación de sanciones de índole electoral.

Por ello, las personas servidoras públicas no podrán destinar, utilizar, permitir el uso de instalaciones, fondos y bienes, como vehículos, inmuebles y equipos, o servicios que tenga a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

Entre otros puntos, tampoco podrán solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o el día de la jornada electoral.

El documento también señala que no se podrá coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en actos proselitistas, para que apoyen o voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Tampoco pueden solicitar a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a alguien dentro del proceso electoral.