gual fueron los rusos, pero el hecho es que la deuda del sector público mexicano cerró 2017 en un nivel verdaderamente espeluznante, a pesar del compromiso gubernamental (Peña Nieto y Meade, como antes Videgaray) de que en dicho año se reduciría el de por sí elevado saldo de dicho débito.

Así es: las cosas malas no se cuentan, pero cuentan mucho, porque el último día del año recién concluido el saldo de la deuda del sector público fue ligeramente superior a 10 billones de pesos –de acuerdo con las más reciente información de la Secretaría de Hacienda–, con lo que el incremento en el transcurso del gobierno peñanietista ha sido de 70 por ciento, proporción equivalente a 4 billones 140 mil 806.7 millones de pesos.

Sin ánimo masoquista, este último monto da cuenta de que a lo largo de la estancia peñanietista en Los Pinos el saldo de la deuda pública creció a razón promedio diario de 2 mil 269 millones de pesos, o si se prefiere a casi 95 millones por hora o cerca de un millón 600 mil por minuto. ¿Y dónde quedó esa catarata de recursos? Pues bien, el grueso se destinó al pago de intereses de la propia deuda.

Cuando Peña Nieto se instaló en la residencia oficial, el 1° de diciembre de 2012, la deuda per cápita (el saldo del débito entre el número de habitantes, incluidos los recién nacidos) rondaba 51 mil pesos (herencia calderonista), y cinco años después se aproxima a 85 mil, sin considerar los adeudos de estados y municipios, que se cuecen aparte.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, en 2017 de las arcas nacionales salieron cerca de 536 mil millones de pesos (alrededor de dos veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública en ese año) para cubrir el costo de la deuda pública (interna y externa), y de ese monto 98 por ciento (cerca de 525 mil millones) se destinó exclusivamente al pago de intereses.

Como cápsula de memoria, reproduzco lo aquí publicado meses atrás: “A escasos días de su nombramiento como secretario de Hacienda, el 7 de septiembre de 2016, José Antonio Meade hizo público uno de sus primeros compromisos: ‘estabilizar y reducir’ la voluminosa deuda pública contratada por su antecesor en el puesto, Luis Videgaray. Hacer lo contrario, decía, ‘puede llevar a la pérdida de la confianza, a tener consecuencias abruptas y sustanciales en el costo de la deuda, y a reducir aún más el gasto’.

“Trece meses después de tal compromiso, el informe oficial que la Secretaría de Hacienda envía periódicamente a la Cámara de Diputados revela que José Antonio Meade no sólo incumplió, sino que al cierre de octubre de 2017 –un mes antes de que el susodicho fuera destapado– el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (la suma de todas sus deudas) rozó los 10 billones de pesos, saldo nominal nunca antes registrado en esta República perpetuamente endeudada.

“Así, durante la no muy prolongada estadía de Meade en la oficina principal de Hacienda tal saldo, lejos de ‘estabilizarse y reducirse’, se incrementó casi 410 mil millones de pesos… A estas alturas el aspirante tricolor a candidato podrá decir que, como lo prometió, la relación deuda pública-PIB se ‘redujo’, porque pasó de representar 48 por ciento del PIB en 2016 a 46 por ciento (en diciembre de 2017). Sin embargo, lo anterior es un simple juego contable.

“El ‘compromiso’ fallido de Meade como secretario de Hacienda se suma al de cada uno de sus antecesores en el cargo, quienes de una u otra suerte prometieron exactamente lo mismo, aunque en los hechos llevaron el saldo de la deuda pública a una situación crítica que cada día consume más y más recursos del erario, sin que tenga un efecto positivo en la economía. Entonces, no se quejen de la ‘pérdida de la confianza’, las ‘consecuencias abruptas y sustanciales en el costo del débito’ y la reducción permanente del gasto.”

Así es. Ernesto Zedillo cerró sexenio con un saldo de la deuda del sector público de 2 billones de pesos, en números cerrados, representativos, en ese entonces, de 30.6 por ciento del producto interno bruto. De allí en adelante (gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quien le restan 10 meses de mandato, o lo que es lo mismo 10 meses de mayor endeudamiento) tal saldo no dejó de aumentar hasta superar los 10 billones (46.2 por ciento del PIB) el último día de 2017, es decir, cinco veces más que en igual mes del año 2000, justo en el periodo en el que tales personajes a los mexicanos prometieron cambio, vivir mejor y un México en movimiento.

En el detalle, durante su sexenio Vicente Fox incrementó el saldo de la deuda pública en un billón 84 mil millones de pesos; Felipe Calderón fue mucho más allá, pues lo aumentó algo más de 2 billones 755 mil millones; pero la medalla de oro se la lleva Enrique Peña Nieto, toda vez que el crecimiento de dicho saldo ha sido (hasta diciembre de 2017) de poco más de 4 billones 140 mil millones de pesos, y contando. Todo, tan sólo en lo que va del nuevo siglo y gracias a los citados tres inquilinos de Los Pinos con sus respectivos secretarios de Hacienda: Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade (dos veces) y Luis Videgaray” (itamitas todos ellos).

Dentro de ese espeluznante panorama aparecen dos casos emblemáticos de cómo unos se quedan con las ganancias y otros pagan por el festín. Se trata de los rescates bancario y carretero, que cada día que pasa cuestan más a los mexicanos (léase los pagadores).

Los banqueros que operan en México se han hinchado de utilidades, al tiempo que el saldo de la deuda del rescate bancario (Fobaproa-IPAB, herencia de Ernesto Zedillo) no deja de crecer. Cuando se inició el sexenio de Peña Nieto tal adeudo sumaba cerca de 828 mil millones de pesos, y cinco años después rebasó 928 mil millones, con todo y que anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación asigna recursos para aligerar tal adeudo (cuando menos ese el concepto).

El otro rescate, el carretero –también herencia zedillista–, ha transitado por la misma ruta. Puesto en marcha en agosto de 1997, el rescate fue por alrededor de 56 mil millones de pesos. Cuando EPN comenzó a despachar en Los Pinos tal saldo había trepado a cerca de 141 mil millones, y a 244 mil millones en 2017. Y como en el caso bancario, el presupuesto federal siempre considera recursos para aminorar el adeudo.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿así o más estabilización y reducción (Meade dixit) de la deuda pública?

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