a integración defectuosa de expedientes por parte de las autoridades ministeriales y las prácticas violatorias de los derechos humanos de los procesados durante la detención o el interrogatorio son obstáculos generalizados para la impartición de justicia en México, pues impiden establecer con certeza la responsabilidad de quienes son acusados de un ilícito.
El amparo definitivo y la puesta en libertad dictados ayer en favor de Elfego José Luján Ruiz, ex coronel condenado por ordenar la tortura y asesinato de dos presuntos desertores del Ejército, constituye el más reciente ejemplo en que una acusación de tal magnitud se viene abajo por flagrantes fallas procesales. Señalado además como responsable de otros homicidios y varias desapariciones forzadas cuando ejercía la comandancia del 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Luján Ruiz obtuvo la protección de la justicia federal junto a Everaldo Cludualdo Vega y Ramón Natividad Loya Romero, también sentenciados a 33 años de prisión por la tortura mediante asfixia, homicidio, desaparición e inhumación ilegal de Mario Alberto Guerrero León, El Jano, y Mario Alberto Peralta Rodríguez, El Capulina, en enero de 2010.
Sentenciados ese mismo año por la Procuraduría General de Justicia Militar y en 2016 por el juzgado cuarto de distrito de Chihuahua, los tres acusados denunciaron que las pruebas y testimonios en su contra fueron obtenidos mediante tortura, lo cual fue avalado ayer por el primer tribunal colegiado con sede en ese estado.
En resumen, no puede establecerse si tres integrantes de las fuerzas armadas tienen o no responsabilidad en un suceso de tortura debido a que los elementos para juzgarlos fueron obtenidos por este mismo método ilegal. Por tratarse de sucesos con tal relevancia jurídica, política y mediática, resulta inevitable que dicho desenlace siembre dudas acerca de la capacidad general de las autoridades para desahogar un proceso penal con apego a la ley.
Por otra parte, supone un recordatorio de lo extendida que se encuentra esta práctica, y de por qué se trata de uno de los principales desafíos para poner fin a la impunidad estructural que aqueja a la procuración de justicia en México: de acuerdo con un informe presentado en marzo pasado por el relator especial de las Naciones Unidas contra la tortura, Nils Melzer, en nuestro país tanto ésta como los malos tratos son de uso generalizado para la obtención de confesiones.
Por último, no puede pasarse por alto que esta noticia coincidiera con la publicación, por parte de la Procuraduría General de la República, del acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, instancia que recibirá el encargo de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar
las investigaciones relacionadas con este ilícito. En vista de la gravedad de este crimen, cabe esperar que la nueva unidad administrativa signifique un parteaguas para impedir la repetición de acontecimientos como los referidos, es decir, que la fiscalía no se convierta en otra ampliación burocrática sin impacto en la realidad.
