En su reciente visita de trabajo a México, los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, dijeron que existe riesgo de criminalizar a las radios comunitarias por las reformas propuestas a los artículos 304 de a Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y 172 TER del Código Penal Federal (CPF), lo que podría poner en prisión a sus operadores.

En sus observaciones preliminares tras su labor en nuestro país (entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre), manifestaron su preocupación en esas modificaciones que se discutían en el Congreso de la Unión, que de ser adoptadas restringiría la libertad de expresión de manera incompatible con la ley internacional de derechos humanos.

Kaye y Lanza enfatizaron que estos cambios afectan sobre todo a las radios comunitarias, las cuales ofrecen a los pueblos indígenas el acceso a la información que de otra manera no obtendrían. Y es que, dijeron, se evitaría que quienes operan sin concesión de telecomunicaciones puedan buscar otra durante varios años y también implicaría una sentencia de prisión hasta de seis años.

Estamos especialmente preocupados de que, si se adopta esa legislación, le faltan garantías para asegurar que las radios comunitarias, que frecuentemente no solicitan concesiones por una gran variedad de razones, para asegurar que no sean blanco de estas disposiciones o que sufran alguna afectación.

Los expertos internacionales subrayaron que las bases de las sociedades democráticas se sustentan en parte en el acceso que tienen las personas a diversas fuentes de noticias, opinión, a las ideas y al debate. Si bien, señalaron, de acuerdo con la OCDE, México ha logrado avances en el desarrollo de los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, los relatores acotaron: Sigue habiendo problemas de concentración de medios de comunicación que socavan la competencia necesaria para el pluralismo de prosperar.

Lamentaron que México sea uno de los países con el mayor nivel de concentración de medios, en la emisión, impresión y línea. Si bien, insistieron, el Instituto de Telecomunicaciones ha tomado medidas para fortalecer la diversidad en la radiodifusión y la banda ancha, aún faltan muchos pendientes.

En el mercado de la radio 70 por ciento estimado de las estaciones que operan de manera privada aún son propiedad de aproximadamente 10 medios de comunicación conglomerados, y aún son enemigos contra las estaciones de la comunidad que requieren espacios en el espectro radioeléctrico.

Justo una de las grandes brechas es la cobertura de las radios comunitarias, las cuales permiten el desarrollo de medios locales de distribución y difusión de información, así como de formas locales de profesionalización. Sólo cuatro de las 68 lenguas indígenas en México se reflejan en las concesiones disponibles para ellos a fin que pueden explorar el espectro radioeléctrico.

En este tema en particular, los relatores hicieron en principio tres recomendaciones generales: que el Estado mexicano establezca políticas para promover la diversidad y el pluralismo en los medios y abstenerse de criminalizar frecuencias radiofónicas, ya que sería una restricción innecesaria y desproporcionada a la libertad de expresión; adoptar medidas para ampliar el acceso de los pueblos indígenas y las áreas rurales a la radiodifusión comunitaria y fortalecer el acceso a la banda ancha en áreas que carecen de accesos confiables.