El Senado aprobó por unanimidad diversas modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, con el objetivo de que dichas órdenes se concedan de inmediato y se eviten riesgos mortales a las mujeres por su vulnerabilidad.

Se destaca en el dictamen que a pesar de que el reglamento de la ley contiene el procedimiento de la aplicación de las órdenes de protección, la realidad denota su poca eficacia, ya que quienes las otorgan tienen discrecionalidad para ello, lo que puede llevar a valoraciones sesgadas si no se cuenta con perspectiva de género y si no se toman en cuenta los derechos de las víctimas, tal como lo ha expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las recomendaciones que ha hecho al país.

En el dictamen se incluyeron las iniciativas presentadas por senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) al respecto. La propuesta de la senadora del tricolor, Diva Gastélum refiere que el artículo 27 de la ley referida indica que la emisión de dichas órdenes de protección tienen como finalidad prevenir e impedir actos de violencia contra las mujeres, asimismo, en el artículo 28 de esa misma ley vigente se incluye que su expedición no debe exceder las ocho horas y su duración es por 72 horas.

Sin embargo, sostiene la senadora priísta en su iniciativa, las operadoras del derecho desalientan a las víctimas a solicitarlas cuando acuden solas y no están correctamente asesoradas. Detalla Gastélum que sólo dos de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad para pedir ayuda.

De ellas, 32.6 por ciento lo hizo ante un agente del Ministerio Público para levantar una denuncia, 32 por ciento recurrió al DIF y 20 por ciento a otras autoridades; entre ellas, la policía; 15.4 por ciento acudió a la presidencia municipal y 9 por ciento a institutos estatales o municipales de la mujer.

La propuesta que presentó la perredista Angélica de la Peña afirma que de 58 mil hechos de violencia ocurridos en el periodo 2011-2012, sólo se obsequiaron 4 mil 15 órdenes de protección en 16 estados.

Al menos 30 por ciento de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio documentadas en 2010 ocurrieron en la vivienda, es decir, los agresores fueron conocidos, parejas o familiares.

Con las reformas aprobadas, la emisión de las órdenes de protección debe realizarse de manera inmediata, gratuita, con seguimiento por parte de la autoridad, al presunto agresor o agresora, estableciendo medidas suficientes y acumulables y sin obstáculos materiales, para garantizar de la manera más amplia la seguridad de la víctima y su familia, de lo contrario, se coloca en mayor situación de vulnerabilidad a la víctima o se crea una falsa sensación de seguridad.