La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados definió que los delitos contra las mujeres se agravan por la intervención de funcionarios sin capacitación para realizar su labor.

La falta de preparación impide que los delitos de género se denuncien, expuso en un pronunciamiento donde se resalta que los gobernadores y alcaldes deben aplicar protocolos de investigación policial, pericial y ministerial con perspectiva de género y homologarlos con los de la Procuraduría General de la República.

Antes, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género planteó exigir a los estados y municipios donde se ha emitido la alerta por violencia de género destinar recursos para aplicar las medidas consideradas en ese protocolo.

Para la Comisión de Igualdad, el personal a cargo de la atención e investigación de los delitos cometidos en contra de las mujeres debe tener capacitación en perspectiva de género, con el propósito de identificar los sesgos culturales que anteponen pensamientos discriminatorios y violentos aplicables a su criterio como servidores públicos.

Además, recordó que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la violencia contra las mujeres persiste como una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y tolerada en el mundo, y que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres ha señalado que el tipo más común de estos delitos es de índole sicológica, y el principal agresor es un familiar.

En el caso de la declaratoria de alerta de violencia de género, la comisión consideró indispensable enfatizar su valía e idoneidad como instrumento extraordinario para actuar en situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, integridad y seguridad de las mujeres en cualquier parte del país.

Porque, indicó la comisión legisalativa, aun cuando constituye una herramienta incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la declaratoria de alerta de violencia de género requiere contar con los recursos suficientes para que estados y municipios implementen las medidas correspondientes.