Opinión
Ver día anteriorLunes 11 de diciembre de 2017Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Más deforestación y daños ambientales
I

niciamos diciembre con la noticia de que los migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá mandaron en octubre anterior la mayor cantidad de dinero de toda la historia: 2 mil 643 millones de dólares, 19 por ciento más que en el mismo mes de 2016. Este año las remesas serán de más de 30 mil millones de dólares. Algunos especialistas señalan que tan elevada cantidad se debe a que nuestros paisanos indocumentados residentes en Estados Unidos mandan sus ahorros por temor a ser deportados, y a que tienen más trabajo.

Esas remesas superan a las petroleras, el turismo y la inversión extranjera directa. Son la salvación para cientos de miles de hogares en los estados más pobres y a los que los programas oficiales para el sector agropecuario son insuficientes. O el dinero se queda en la burocracia. Mientras el gobierno publicita machaconamente la creación de empleos como nunca antes, la realidad muestra que, en el sector rural y en las áreas marginadas de las ciudades, el panorama es bien distinto.

Esa migración forzada hacia el norte ocasionó que se redujera la presión sobre los bosques y selvas de México. Sin embargo, datos recientes muestran que en 2016 la deforestación creció más de un tercio respecto al quinquenio 2010-2015: perdimos 253 mil hectáreas antes cubiertas de árboles. Cien mil hectáreas más que el promedio anual que el gobierno reconoció para ese quinquenio. Tan enorme aumento lo atribuyen las organizaciones Global Forest Watch y Reforestamos, a la expansión de las áreas agrícolas y ganaderas, especialmente en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En este último se talaron más de 57 mil hectáreas en 2016. Nuevamente se ponen en entredicho los logros gubernamentales en cuanto a la conservación de los bosques y las selvas. Además, México es el único integrante de la OCDE con deforestación de su cubierta vegetal.

Es necesario investigar si la expansión agrícola y ganadera registrada el año pasado en la península de Yucatán, se debe a cultivos de las comunidades agrarias. O si, como apuntan ya varios analistas, a dicha región del país llegó el gran capital a explotar tierras que por falta de recursos no utilizan los campesinos tradicionales. Cabe agregar que la actividad turística que hoy caracteriza a Quintana Roo atrajo a miles de trabajadores del campo de Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz, reduciendo así la inconformidad social y política que ocasiona la falta de empleo. Se ocupan especialmente en las labores de construcción, el mantenimiento de jardines de los grandes hoteles y el aseo de los mismos. Esta última tarea la comparten con miles de mujeres en edad productiva.

Y ya que mencionamos al estado de Yucatán, nuevos estudios muestran el grado de deterioro que sufre el acuífero del que se surte la población. Desde el siglo pasado, investigadores de instituciones reconocidas en su campo –como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), y la universidad local– advirtieron sobre la contaminación del agua por las residuales provenientes de los centros urbanos, la falta de drenaje y las actividades industriales y de servicios. A ello se suma el uso de agroquímicos, algunos de ellos catalogados de gran peligrosidad por los daños que causan a la salud pública y al medio ambiente. Todo eso se debe al incumplimiento de normas legales muy claras sobre el tratamiento de las aguas residuales y el uso de agroquímicos.

Finalicemos esta vez, y como siempre, con malas noticias: las autoridades del municipio de Elota, Sinaloa, planean ampliar el malecón que existe en playa Ceuta. Pero ello afectaría radicalmente la zona de protección de la tortuga establecido exitosamente hace lustros por la universidad estatal. En esa zona habitan 39 especies de importancia para la fauna y la flora, de las cuales 13 son endémicas. En defensa de esa biodiversidad y de las tortugas, la comunidad universitaria, encabezada por el rector, Juan Eulogio Guerra, exigen al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador de la entidad y a las instancias ambientales federales no autorizar dicha obra. En tanto, en Bahía de Banderas, Nayarit, destruyen las dunas costeras para edificar condominios.