El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que publique un informe sobre el fideicomiso que serviría para ayudar a las comunidades afectadas por el derrame de desechos tóxicos de una filial de Grupo México, en Sonora, hace tres años, y fue cerrado sin cumplir su propósito.

En la tribuna, el diputado Próspero Ibarra Otero (PRI) recordó que el 6 de agosto de 2014, la minera derramó 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectaron a más de 23 mil personas de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe.

“La demanda de los afectados continúa latente, a pesar de que Grupo México y sus empresas subsidiarias, junto con el gobierno federal, crearon un fideicomiso denominado Río Sonora, para atender con ‘prontitud’ los daños y aplicar medidas de remediación, reparación o compensación de los daños al ambiente y la salud humana por el derrame”, refirió.

Comentó que el fideicomiso se constituyó con recursos que se aportarían por las subsidiarias Grupo México y administrados por Nacional Financiera, que serían manejados por un comité técnico presidido por la Semarnat.

Sin embargo, citó, en el quinto Informe presidencial se reportó que en febrero el fideicomiso se cerró, porque no había más solicitudes de reparación pendientes, sin haber resarcido los daños.

Érika Briones (PRD) cuestionó que, a pesar de la magnitud del derrame, que envenenó el agua en los municipios aledaños a los ríos, no ha ameritado siquiera el fincamiento de responsabilidades civiles y penales. De cumplirse cabalmente la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua debió proceder a la cancelación de las concesiones de agua de las que ahora goza Grupo México, para la minera Buenavista del Cobre.

Teresa Lizárraga (PAN) reprochó la total falta de transparencia de la Semarnat en el manejo del fideicomiso. Es imprescindible llamar a cuentas a los responsables de manejar los recursos.