Hay concesiones mineras en manos de empresas nacionales e internacionales en 42 por ciento de los núcleos agrarios forestales del país –en ocho millones de hectáreas–, en 74 Áreas Naturales Protegidas, en predios que reciben Pago por Servicios Ambientales y en aquellos que tienen aprovechamiento forestal maderable, señaló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Con apoyo de Cartocrítica, hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras vigentes a diciembre de 2015 y se encontró que han crecido considerablemente, sobre todo ese tipo de zonas, lo que coloca a las comunidades dueñas de esos territorios en una posición de vulnerabilidad, sostuvo Sergio Madrid, director del CCMSS.

La minería que se realiza puede ser a tajo abierto, que devasta paisajes y ecosistemas, o subterránea, pero ambas utilizan sustancias peligrosas, como el cianuro, y grandes cantidades de agua. En total, de los 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas del país, 22.5 por ciento está asignado para el desarrollo de actividades mineras.

Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, con 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40 por ciento del área forestal de cada estado. El acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, señaló Madrid.

En el país hay 11 mil 843 núcleos agrarios forestales: de ellos, en 4 mil 997 una fracción de su territorio está concesionado; se trata de ocho millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más de 50 por ciento de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras.

A pesar de que los derechos de comunidades y ejidos están garantizados por leyes nacionales e internacionales, en las regiones forestales los derechos de las comunidades son violentados pues los proyectos extractivistas avanzan y se les niega el derecho a otorgar o no su consentimiento libre, previo e informado sobre los mismos.

Ejemplificó con la disputa entre el pueblo wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp por una mina que afecta un sitio sagrado de su territorio; la disputa entre las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la minera Almaden Minerals.

Detalló que hay 434 mil 483 hectáreas de bosques inscritos en el programa de Pago por Servicios Ambientales que también están concesionadas a la minería. Jalisco y Sinaloa tienen concesiones en más de 40 por ciento de la superficie que está en ese programa. En las áreas naturales protegidas hay cerca de 4 millones de hectáreas que se traslapan con concesiones mineras y se tienen registrados al menos 42 proyectos extractivos en ellas: en ese caso está la reserva de la biosfera Sierra la Laguna. De la superficie forestal con aprovechamiento hay cerca de 3 millones de hectáreas que se empalman con concesiones mineras.