Buenos Aires.

En el marco de una ola de reacciones adversas a las reformas dispuestas por el presidente argentino, Mauricio Macri, el gobierno dio a conocer este martes que el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, remplazará a Ricardo Buryaile, al frente del ministerio de Agroindustria, mientras que se agrava la situación en el terreno judicial con los anuncios de persecución contra dos importantes jueces independientes, después de forzar la renuncia de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Etchevehere, un terrateniente de Entre Ríos, denunciado por explotación de sus trabajadores del campo y ex dueño del periódico El Diraio de Paraná, la capital de esa provincia, también está ligado a la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que lo define como una figura muy ligada al poder hegemómico. Su nombramiento produjo una reacción en diversos sectores políticos, recordando que la SRA, ha sido la institución indispensable para la instalación de todas las dictaduras militares en este país. Buryaile, de la Unión Cívica Radical, asociada en la alianza Cambiemos, será designado embajador ante la Unión Europea, confirmó el jefe de gabinete, Marcos Peña.

También se remplazó al ministro de Salud, Jorge Lemus por Adolfo Rubinstein. Estos cambios se dan a nueve días de que el oficialismo ganó las elecciones legislativas y Peña dejó abierta la posibilidad de continuar con otros ministros.

El plan de reformas anunciado este lunes supuestamente para combatir la pobreza, crear empleo y lograr equilibrio fiscal, ya ha producido una serie de reacciones, protestas y denuncias. Se menciona que la reforma laboral es similar a la impuesta en Brasil, por el presidente golpista Michel Temer, mientras que la reforma previsional parece destinada a terminar con los mayores avances logrados en favor de los jubilados y la intención de privatizar el sistema previsional como en los años 90.

El gobierno entregó a la Confederación General del Trabajo un borrador de la polémica reforma laboral, que entre otras cosas, apunta a terminar con el pago de horas extras y reducir las indemnizaciones. En este sentido nuevamente Macri denigró a la justicia laboral.

Asimismo se trata de impulsar un blanqueo del trabajo no registrado con una oferta por 360 días para los empresarios. Los primeros seis meses serán gratis, mientras que a partir del segundo semestre pagarán apenas 30 por ciento de aportes y contribuciones.

Se intenta modificar el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo incluyendo una aclaración de que para calcular la indemnización quedarán excluidos de la base salarial, el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios, y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.

De esta manera, queda clara la intención del macrismo de achicar la base salarial para de esta manera beneficiar a los empleadores en detrimento del trabajador que recién ingresa a un puesto laboral, señala el portal Política Argentina. Además, en el artículo 50, se acorta de dos años a uno el plazo para que un trabajador pueda iniciar un juicio laboral después de desvincularse de la compañía lo que apunta reducir los litigios.

Es un golpe fuerte para todos los logros alcanzados en el país en defensa de los trabajadores, opinan los principales dirigentes sindicales. Empleados de la Biblioteca del Congreso de la Nación considerada la más importantes de América Latina tuvieron una fuerte respuesta gremial advirtiendo que cuando el presidente comienza atacar y destruir a los entes culturales, sabemos adonde va la intención. Denuncian también junto a los sindicatos de la justicia, afectados por los anuncios del mandatario sobre un exceso de trabajadores en ese rubro.

Señalan los trabajadores que mientras se habla de reducir el Estado, el gobierno ha aumentado 325 por ciento la estructura del Estado, el número de secretarías, subsecretarías, con nombres kilométricos y nadie sabe para qué sirven, todos con salarios muy altos. También hubo respuesta de los rectores de universidades cuando criticó que haya aumentado el número de éstas en el país al tiempo que cuestionó la cantidad de obras sociales y de sindicatos.

Todo esto está creando un ambiente de evidente tensión cuando además el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, denunció que en el país hay un Estado con impronta totalitaria, advirtiendo que desapareció la imparcialidad en amplios sectores del Poder Judicial, al referirse a la renuncia de la procuradora general Gils Carbó, a la existencia de presos políticos, como Milagro Sala y a cómo ha retrocedido la Corte, que ha fallado en tremas claves en favor de lo que exige la actual administración.

Zaffaroni señala que nos estamos acercando cada vez más a un Estado policía, en el que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda y destacó que a Gils Carbó la sacaron del cargo mediante un procedimiento mafioso lo que la llevó a renunciar porque fue víctima de un hostigamiento permanente, utilizando falsas denuncias, amenazas de todo tipo como el hecho de que podían removerla por decreto e impulsando un proyecto de ley que amenazaba con terminar directamente con la autonomía judicial del Ministerio Público.