El juez de control Gerardo Moreno García vinculó a proceso penal al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes –el cual desde esta fecha sólo puede ser identificado como HQG–, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ya que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal resultaron suficientes para demostrar que el imputado, y al menos tres personas más, se benefició ilícitamente de 100 millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y operación de 13 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León.

Luego de una audiencia de casi 11 horas de duración, el juzgador notificó a HQG que quedó vinculado a proceso y el Ministerio Público debe continuar con la investigación complementaria en la que María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya, es identificada como la principal líder de esta red.

Los 13 Cendis pertenecen al Frente Popular Tierra y Libertad, una asociación civil que opera desde hace más de 20 años proporcionando alimentación y cuidado a niños con edades que van desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años.

En su resolución, el juzgador consideró que en estas acciones ilícitas podría haber responsabilidades de servidores públicos de Nuevo León, relacionados con la Secretaría de Educación Pública de esa entidad, ya que ellos “le dieron el caracterer de ilícito al dinero, al aceptar que los recursos fueran transferidos a una cuenta particular (a nombre de María Guadalupe Rodríguez) en lugar de dos cuentas bancarias aperturadas en Banorte y que correspondían a la asociación Tierra y Libertad”.

El juez Moreno García mencionó que se preguntaba por qué tan loable labor tiene que realizarse bajo este esquema de irregularidad, ya que los 100 millones de pesos procedían inicialmente de recursos entregados por el gobierno federal a las autoridades de Nuevo León y éstas los tenían destinados a tareas educativas.

De acuerdo con las constancias ministeriales, los 100 millones de pesos fueron transferidos a una cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez, quien a su vez los distribuyó a cuentas bancarias a nombre de María Mayra Paredes Díaz, María Cristina Martínez Corpus y a HQG.

De acuerdo con dos estudios contables, uno de ellos elaborado por peritos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y otro por Roberto Porras Rendón, especialista en contaduría contratado por la defensa de HQG, alrededor de 60 de los 100 millones de pesos fueron trasferidos a una cuenta de inversión de la propia María Guadalupe Rodríguez, y el resto a los otros mencionados.

En el caso de HQG, éste recibió más de 12 millones de pesos, los cuales supuestamente utilizaba para pagar obras de mantenimiento y salarios de los empleados de los 13 Cendis; sin embargo, datos aportados por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, mostraron que realizó múltiples retiros en efectivos como una manera de burlar el sistema financiero.

El Ministerio Público Federal señaló que HQG declaró ante la autoridad que desconocía el origen y destino de los recursos y que él solamente viajaba a la ciudad de Monterrey cada vez que María Guadalupe Rodríguez lo pedía, y que firmaba cheques, sin saber el destino de los recursos, y que de ello nunca guardó constancia alguna.

Dos testigos aportados por la defensa, Josefina Saldaña y Marlene de la Vega Peña –directoras de Cendis–, señalaron durante la audiencia que no conocieron las labores que supuestamente realizaba HQG en cuanto a ser uno de los directivos que se encargaba de realizar los pagos de nómina o proporcionar dinero para el mantenimiento de los centros, como supuestamente lo señalaron los argumentos de la defensa a través de los peritajes contables.

Según la información aportada por el Ministerio Público Federal, las cuentas de Tierra y Libertad que fueron abiertas para que en ellas se depositaran los recursos con los que operaría legalmente la organización y los Cendis, fueron intervenidas y en una de ellas sólo había 10 mil pesos y en otra cero recursos.

El perito contable Roberto Porras reconoció que las cuentas antes mencionadas prácticamente no operaban, sino que todos los recursos fluían a través de las cuentas de María Guadalupe Rodríguez.

Durante la diligencia, los agentes del Ministerio Público señalaron que en dos cuentas personales de María Guadalupe Rodríguez se aseguraron 54 millones de pesos, y que no existen registros desde hace varios años del pago de impuestos por parte de esta organización.

HQG no hizo ninguna manifestación de carácter personal para desvirtuar la acusación en su contra, y siempre se adhirió a los señalamientos de su abogado defensor, quien trató de echar abajo las acusaciones reconociendo que desde siempre María Guadalupe Rodríguez se había encargado de operar en sus cuentas personales los recursos para la organización Tierra y Libertad.

Otro dato importante es que desde 2010, mediante un convenio con el gobierno de Nuevo León, los 13 Cendis (instalaciones y mobiliario) pasarían a formar parte de la Secretaría de Educación Publica del estado, y que su personal sería reconocido como empleados de la entidad, pero que sólo hasta hace un par de meses cuando fueron aseguradas las cuentas de María Guadalupe Rodríguez el gobierno local comenzó a pagar los salarios de los empleados de los centros.

HQG continuará en libertad de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, ya que este delito no está tipificado como grave, y pidió tres días para pagar la garantía de 600 mil pesos que le fue impuesta por el juzgado para enfrentar su proceso en libertad.