Nueva York.

Ante la creciente ola de muertes por sobredosis de opiáceos que golpea a Estados Unidos, detonada por la promoción agresiva de versiones legales de estas drogas por la industria farmacéutica, el presidente Donald Trump declaró hoy una emergencia de salud pública.

Al firmar el decreto en la Casa Blanca, el presidente declaró que esta epidemia es una emergencia nacional de salud, rodeado de familias afectadas por el abuso de opiáceos, legisladores y funcionarios, Trump afirmó: Como estadunidenses no podemos permitir que esto continúe. Es hora de liberar a nuestras comunidades de este flagelo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre lo que llamó crisis sin precedente, y pareció enfatizar más que nada su idea de una gran campaña publicitaria para promover la abstinencia, y afirmó: si podemos educar a los jóvenes, a la gente en general, a no empezar, realmente será muy fácil no consumirlas, y creo que esto acabará siendo lo más importante. Prometió: vamos a superar la adicción en Estados Unidos.

Utilizó el momento para enmarcar su retórica con el viejo vocabulario de la guerra antinarcóticos, que incluye la amenaza extranjera, al afirmar que 90 por ciento de las drogas ilícitas llegan del exterior, y advirtió sobre la infiltración al país de los cárteles internacionales y, por tanto, de la necesidad de sus medidas para ejercer un mayor control migratorio y la construcción de un muro fronterizo, como parte de lo que ya está logrando su gobierno contra esta amenaza.

Su declaración de una emergencia de salud pública este jueves es un paso menor al esperado, incluso del que él mismo había prometido desde su campaña y en los primeros meses de su presidencia, de proclamar la crisis como una emergencia nacional, lo cual habría liberado de inmediato muchos más recursos federales a los estados para enfrentar la epidemia.

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) del gobierno federal, unos 142 estadunidenses mueren diariamente por sobredosis de drogas, y un poco más de 100 de ellos por consumo de opiáceos. De acuerdo con los cálculos oficiales más recientes, aproximadamente 64 mil personas murieron por sobredosis de droga en 2016, lo que representa un incremento de más de 22 por ciento respecto de 2015. Los expertos en salud pública pronostican que las sobredosis permanecerán como la principal causa de muerte para estadunidenses menores de 50 años de edad.

Hoy día, las sobredosis de drogas matan a más personas en este país que los accidentes automovilísticos y homicidios por armas de fuego combinados.

Según cifras de años recientes, los opiáceos (fentanyl y derivados, heroína y opiáceos recetados) estaban vinculados a casi dos tercios del total de estas sobredosis, con más de 14 mil por drogas recetadas. Cocaína y metanfetaminas son las otras drogas relacionadas con sobredosis mortales. De acuerdo con el CDC, desde 1999 se ha cuadruplicado el número de casos de sobredosis por opiáceos.

Gran parte de estas drogas son legales, o sea, se surten con receta médica, y su prescripción también se ha cuadruplicado desde 1999. Es decir, los principales narcotraficantes detrás de esta crisis son médicos y hospitales que están prescribiendo drogas legales como Percocet y OxyContin cada año en cantidades suficientes como para medicar a toda la población estadunidense durante tres semanas. Ningún otro país consume más. Las ventas de opiáceos recetados superaban los 11 mil millones de dólares en 2012.

Desde los años 90, la industria farmacéutica empezó a promover el uso más amplio de opiáceos, ya no sólo para casos de dolor extremo, sino para molestias cotidianas. Años después, con intentos de reducir lo que antes se promovía casi como aspirinas de lujo, llevó a que millones recurrieran cada vez más a opiáceos ilícitos para alimentar su adicción cuando ya no lograban conseguir los recetados, llevando a un incremento de uso de heroína y fentanyl. En 2015, 27 millones de estadunidenses reportaron usar drogas ilícitas o abusar de drogas recetadas, pero nadie sabe cuál es la candidad precisa.

La emergencia de salud declarada por Trump es acompañada de una serie de iniciativas federales para promover mayor atención médica y contratar a más personal de salud pública dedicada a esta crisis, pero careció de un anuncio de asignación de fondos federales para enfrentar la crisis. Por tanto, aunque algunos elogiaron la declaratoria porque ayuda a enfocar mayor atención pública al asunto, muchos consideraron que la iniciativa es más simbólica que real, ya que no otorga suficientes recursos para atender las dimensiones de la crisis.

El senador demócrata Patrick Leahy comentó, en nombre de varios de sus colegas, que las palabras del presidente son sólo eso, palabras. No hay acción o nuevo financiamiento detrás de las palabras vacías del presidente al abordar esta crisis; eso no es aceptable. Críticos del sector salud hicieron eco de esto, y expresaron su desilusión por la falta de iniciativas y compromisos concretos.

Para promotores de una reforma de la política antinarcóticos de este país, las declaraciones de Trump no ofrecen nada nuevo ni positivo. Ante una devastadora crisis por los opiáceos, el presidente (...) dejó clara su estrategia: meter la cabeza en la arena y acusar a los inmigrantes, declaró Maria McFarland Sanchez-Moreno, directora ejecutiva del Drug Policy Alliance. Acusó que las propuestas giran sobre estrategias fallidas, como la de: sólo di que no, de la era Reagan, y promueven el mismo marco penal para abordar un asunto de salud. Con ello está condenando aún a más personas a la muerte, el encarcelamiento y la deportación, en nombre de su guerra contra las drogas.

En tanto, el gobierno de Trump tiene vacantes los dos puestos clave para promover e implementar cualquier iniciativa de este tipo. Peor aún, tuvo que retirar el nombramiento de su zar antinarcóticos –el director de la oficina de la Casa Blanca sobre drogas– después de revelarse, la semana pasada, que su candidato, el representante republicano Tom Marino, había trabajado en favor de la industria farmacéutica al promover legislación que redujo la norma para que la DEA interceda en congelar ventas sospechosas de opiáceos legales para evitar su flujo al mercado negro. Las farmacéuticas habían apoyado la nueva ley, ya que se quejaban de que esa norma estaba limpiando la disponibilidad de sus drogas para controlar el dolor de pacientes legítimos.

Vale señalar que esa ley apoyada por la industria fue aprobada por legisladores de ambos partidos y promulgada como ley por el presidente Barack Obama, algo que ha alimentado el debate sobre la influencia masiva de esa y otras industrias sobre la cúpula política en Washington.

Por otro lado, aún no se ha nombrado al sustituto de Tom Price, el ahora ex secretario de Salud y Servicios Humanos, quien renunció el mes pasado después de que se descubrió que había usado aviones privados para sus viajes oficiales a un costo elevado pagado por el erario.