La Comisión Especial de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, se reunió con funcionarios de cuatro estados donde se han denunciado actos de violencia contra comunicadores.

Tito Cervantes, procurador de Justicia de Tlaxcala, sostuvo que el caso de José Roldán Ávila no se considera asesinato de un periodista, porque sus familiares declararon que había trabajado 10 años atrás en una televisora local. ‘‘Hemos continuado con la investigación, pero descartamos que su labor periodística tuviera que ver con su asesinato, ya que él no ejercía, pero efectivamente sí tenía algunas labores altruistas’’, repuso.

Por su parte, Alejandro de los Santos, de la Fiscalía General de Guerrero, se refirió al homicidio de Cecilio Pineda Brito. Indicó que al responder a los exhortos de la Cámara de Diputados, ‘‘nos dimos a la tarea de indagar el hecho, logrando la captura de los probables responsables. Uno de los imputados falleció y estamos en busca del segundo. Y en lo que corresponde a la comunicadora indígena Marcela de Jesús Natalia, se incluyó carpeta judicial por tentativa de homicidio, y tuvimos éxito en la localización de uno de los implicados. En este momento, estamos en la etapa de investigación complementaria y no hemos dado con el paradero del segundo coautor del hecho.’’

Por su parte, María Eugenia Calderón Oliman, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Puebla, defendió al gobierno estatal pues en 2017 implementó un programa de derechos humanos con 10 objetivos, entre ellos instrumentar mecanismos que privilegien la protección, el respeto y la garantía de la libre manifestación de las ideas de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

‘‘Si algún periodista recibe alguna agresión de inmediato se le acompaña en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, quien la resguarda. En el caso de Aurelio Cabrera Campos, iniciamos la carpeta de investigación, se judicializó y se libró la orden de aprehensión, la cual está pendiente y se está buscando a la persona responsable.’’

Mónica Violante, fiscal para Delitos contra Periodistas del estado de México, también expuso que en esa entidad, se creó un mecanismo para la protección de los defensores de los derechos humanos y comunicadores, y se está en coordinación con otras instituciones.