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Organismos internacionales sugieren mejorar fiscalización

No es recomendable eliminar el financiamiento público a partidos
 
Periódico La Jornada
Domingo 15 de octubre de 2017, p. 7

De acuerdo con organismos internacionales no es recomendable eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, ya que su asignación evita la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno. Lo que se requiere es mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas y el financiamiento necesario, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado.

En su investigación Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017, el IBD resalta que organismos internacionales como el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, por sus siglas en inglés), así como el Consejo de Europa, no están en favor de que se deje a los partidos sin recursos públicos y han incluso documentado, en algunos países, relaciones de dependencia de éstos con entes privados, por buscar fondos para campañas.

El IBD señala asimismo que en ambas cámaras del Congreso hay 15 iniciativas de ley pendientes sobre esa materia, pero no toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), en razón de sus nuevas facultades derivadas de la reforma político electoral de 2014.

Las multas impuestas a los partidos políticos son ínfimas ante las proporciones del presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que es necesario mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las sanciones y el financiamiento.

El reporte considera que el esquema actual de multas a los partidos –derivado de la revisión de sus informes anuales y de campaña– es insuficiente para disuadirlos de conductas ilícitas, como obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista.

Además, aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección –como el rebase de topes de gasto de campaña, utilizar recursos públicos con fines electorales y el uso de dinero ilícito–, el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlos, recalca el IBD.