Diversos sectores que trabajan por la defensa de los derechos humanos aplaudieron la aprobación de la Ley General contra las Desapariciones, lo que representa el primer paso para acceder a la verdad y la justicia relacionada con esos crímenes.

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y grupos civiles señalaron que ahora corresponde al Ejecutivo federal promulgar la ley a la brevedad para que entre en vigencia.

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, indicó que si se aplica de manera efectiva, esta ley ayudaría a sanar el dolor que aflige a miles de víctimas y sus familiares, así como a combatir una grave violación a los derechos humanos, por desgracia ampliamente extendida en México y que se remonta a más de cuatro décadas.

Agregó que contiene avances fundamentales que retoman estándares y recomendaciones de organismos internacionales y pidió presupuesto para su aplicación.

La CNDH reconoció al Legislativo por la aprobación y llamó a ese poder y al Ejecutivo a que durante el periodo de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se prevean recursos económicos necesarios para su instrumentación integral.

Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, consideró que la aprobación de la ley es un logro de las familias que han luchado por reconocer el fenómeno. Sin embargo, éste no resolverá los patrones estructurales de impunidad que han permitido que miles de personas estén. La verdadera voluntad se debe expresar desmantelando a los grupos que, auspiciados por el Estado, han hecho de esta práctica una conducta cotidiana en muchas partes del territorio mexicano.

Amnistía Internacional señaló que la ley constituye un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos en el país. En la búsqueda de la justicia, y reparación para las familias de las víctimas de desaparición, éste es un primer paso, pero falta mucho por hacer, incluyendo el aseguramiento de que la norma y las instituciones de búsqueda que creó cuenten con recursos suficientes para su implementación.

La oficina de Washington para América Latina llamó al gobierno de Enrique peña Nieto a mostrar voluntad política para implementar la nueva ley, lo que será un desafío importante dado el historial irregular del gobierno en la implementación de reformas legales.