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Puigdemont advierte: responderemos en las calles al tsunami de querellas de Madrid

Tribunal Constitucional ordena suspender el referendo catalán

Pide informar a más de 260 funcionarios sobre la ilegalidad de la consulta independentista

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Esa consulta, por más que se pretenda imponer de manera atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar, ni esta administración ni los tribunales van a tolerarlo, sentenció ayer el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, respecto del referendo independentista convocado para el primero de octubre en CataluñaFoto Ap
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de septiembre de 2017, p. 24

Madrid.

El Tribunal Constitucional de España dio la razón al gobierno de Mariano Rajoy y este jueves ordenó que la ley del referendo aprobada en el Parlamento catalán se tiene que suspender por ilegal, al igual que la convocatoria a la consulta ciudadana. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, respondió contundente: España no es una democracia y responderemos a este tsunami de querellas con la gente en las calles.

El conflicto entre Cataluña y España entró así a una fase más áspera; hubo desde amenazas veladas y explícitas hasta requerimientos judiciales y operativos policiales en las imprentas donde presuntamente se van a imprimir las papeletas para votar el próximo primero de octubre en el referendo de independencia.

El 6 de septiembre pasará a la historia de Cataluña y España como el día en que una de las regiones más prósperas y ricas del Estado inició, de manera unilateral, su camino hacia la independencia. La coalición de Junts Pel Sí, integrada por la extinta Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y la Candidatura de Unidad Popular (CUP, formación independentista y anticapitalista) presentaron y aprobaron la ley de referendo con la que le dieron cobertura legal a la hoja de ruta que plantearon para celebrar una consulta ciudadana el próximo primero de octubre para que Cataluña decida entre seguir como una autonomía sujeta al Estado español o convertirse en un Estado independiente en forma de República.

La aprobación de la ley permitió que el gobierno catalán completo firmara el decreto de convocatoria del referendo y que ayer, en una sesión parlamentaria tensa y de más de 10 horas, se aprobara la ley de transitoriedad, que acompañará al proceso de secesión en el caso de que la ciudadanía catalana decida la separación de España.

Dicha ley es la segunda que se aprueba en menos de 48 horas para llevar a cabo el proceso unilateral de independencia, con un resultado idéntico al de la ley de referendo: 72 votos en favor, 11 abstenciones, de Podemos, y ninguno en contra, porque los diputados de los tres partidos políticos de oposición que defienden la unión con España –Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular– abandonaron la sesión.

Fue especialmente trascendente que la ley de transitoriedad se haya aprobado sólo unas horas después de que se diera a conocer y se notificaran de manera oficial las resoluciones adoptadas en un pleno de urgencia por los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, en las que, como ha sido habitual en los años recientes, le dieron la razón en todo a las tesis del gobierno español y atacaron a las fuerzas soberanistas.

Algunos partidos acordaron no reconocer a este tribunal –la máxima autoridad jurídica del Estado– y no acatar sus resoluciones ni sus requerimientos.

El tribunal se reunió con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la petición del gobierno español de Mariano Rajoy.

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Carles Puigdemont, presidente del gobierno catalán, aseguró que en España no vivimos en una democracia, tal como nosotros la entendemos, al defender la realización del referendo independentista. La imagen, luego de la aprobación de la convocatoria en el Parlamento regional, el pasado miércolesFoto Afp

El máximo tribunal acordó dar trámite a un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del referendo, y también suspendió la vigencia del decreto que convoca la consulta y el de normas complementarias para organizarlo, así como la designación de miembros de la sindicatura electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.

Además, el Tribunal Constitucional solicitó que se informe de manera oficial a más de 260 funcionarios y dirigentes políticos la ilegalidad de acatar las leyes aprobadas por el Parlamento catalán para el referendo. Eso incluye a los más de 300 alcaldes que están llamados a facilitar la convocatoria ciudadana, a los máximos responsables legales del Parlamento catalán y hasta a los jefes de las policías que operan en Cataluña, desde Los Mossos d’Esquadra hasta los grupos policiales municipales.

Antes del pronunciamiento del tribunal, el presidente Rajoy compareció por primera vez desde que estalló el conflicto para lanzar una serie de amenazas a los dirigentes catalanes que defienden la independencia, pero también a los funcionarios y alcaldes que con su participación podrían caer en una ilegalidad que les podría traer consecuencias. Tras reunir a su Consejo de Ministros de forma extraordinaria, Rajoy advirtió: Estoy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del asunto. Sé lo que está en juego y lo que se espera de mí. No he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se liquide de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo.

Y así repitió hasta en cinco ocasiones que el referendo de autodeterminación no se va a celebrar y que esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar, ni el gobierno ni los tribunales van a tolerarlo bajo ningún concepto.

Tales advertencias fueron acompañadas de una serie de órdenes policiales, entre ellas la de vigilar imprentas donde la Guardia Civil sospecha que se podrían imprimir las papeletas.

La respuesta a todas las denuncias y amenazas vino del presidente catalán, Puigdemont, quien afirmó que aunque el gobierno español tiene todos los aparatos del Estado a su disposición para frenar la consulta del primero de octubre, no ha podido hacerlo.

Que se pregunte por qué, después de seis años de guerra sucia, estamos a días de poder votar. Y añadió: en España no vivimos en una democracia tal como la entendemos nosotros. Se está haciendo una querella general, cualquier persona que piense en colaborar ya está advertida por el Estado. Nosotros hacemos política. Los golpes de Estado no se hacen con urnas. Sólo estamos cumpliendo lo que dijimos. Se han pasado toda la legislatura acusándonos de que no lo haríamos. Ahora les entra el temblor de piernas porque lo estamos cumpliendo. Y responderemos con la gente en las calles a sus tsunamis de querellas.