El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por 40 organizaciones de 21 estados de la República, denunció que se ha agudizado la situación de riesgo en que viven las defensoras de derechos humanos.

María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora de esta instancia, señaló en entrevista que aproximadamente 50 por ciento de sus compañeras cuentan con medidas de protección solicitadas a los gobierno federal o local.

Mencionó que desde hace cinco años se han incrementado las amenazas y ataques no sólo de los feminicidas o victimarios, sino de las autoridades. Incluso, dijo, en su lucha por el acceso a los derechos de las mujeres en salud reproductiva.

Expuso que anteriormente este no era un tópico que nos preocupara mucho, porque por lo regular los riesgos estaban en casos que se acompañan de violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo en feminicidios, pero ahora también están y ocurren a través de redes sociales.

Por tal motivo, dijo Estrada Mendoza, han hecho llamados a la propia jerarquía católica a que no haga campañas de odio y discriminación, que si se fomentan pueden llevar a afectaciones graves a las activistas y hasta a nuestra propia integridad.

Precisó que en el caso de las alertas de violencia de género éstas se han subido a cuestionamientos de que los dictámenes hechos desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres son muy flojos y el contexto es muy grave; cuando las compañeras defensoras denuncian esos hechos se viene toda una campaña contra su trabajo para desacreditarlas.

Agregó que el nuevo sistema de justicia penal las ha expuesto también frente a los victimarios, quienes son acompañados por sus familias o diversos grupos, por lo cual el riesgo es sumamente altísimo.