La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que de octubre a la fecha han muerto 10 migrantes de diferentes nacionalidades detenidos bajo la custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La mayoría de estas muertes, agregó el organismo, se han dado por problemas médicos que pudieron ser tratados de manera adecuada por las autoridades migratorias de ese país, y un caso fue por un suicidio después de que la víctima estuvo en confinamiento solitario.

Por ello, manifestó su preocupación ante estos decesos y las condiciones de detención en los centros migratorios estadunidenses y convocó al gobierno de Donald Trump a emprender una investigación seria e imparcial al respecto.

Los comisionados reiteraron que Estados Unidos tiene la obligación absoluta de prevenir y sancionar la tortura, así como la obligación de tratar digna y humanamente a las personas migrantes detenidas, con estricto apego a las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos.

Esta entidad de la Organización de Estados Americanos sostuvo en un posicionamiento que en lo que va del año fiscal 2017 estadunidense –que abarca del primero de octubre del año pasado al 30 de septiembre de éste– han fallecido 10 detenidos en centros del ICE: dos hondureños, un ciudadano de México, otro de Brasil, uno más de Guatemala, otro de Jamaica, un nicaragüense, un panameño, uno de India y otro del Reino Unido.

Otra de las preocupaciones del organismo tiene que ver con las huelgas de hambre en demanda de mejores condiciones y por el respeto a sus garantías que migrantes y solicitantes de asilo han realizado en varios centros de detención migratoria, algunos operados por la corporación privada GEO Group.

El relator de Personas Migrantes de la CIDH, el comisionado Luis Ernesto Vargas, aseveró que estas muertes se suman a la exigencia de mejores condiciones que han hecho las personas detenidas y la sociedad civil respecto a los centros de detención en Estados Unidos. Nos preocupa que a pesar de los ayunos, de los distintos informes y exigencias que hemos realizado desde la CIDH y desde organizaciones de la sociedad civil, las autoridades sigan sin tomar medidas efectivas para evitar las muertes y los abusos contra migrantes en detención.

La comisionada Margarette May Macaulay, relatora para Estados Unidos de la CIDH, indicó que es sumamente preocupante ver cómo la detención de migrantes continúa convirtiéndose en un negocio para empresas privadas y gobiernos locales sin que haya una mayor de rendición de cuentas o transparencia respecto a lo que sucede dentro de los centros de detención migratoria.

El organismo interamericano remarcó que independientemente si los centros de detención son operados por empresas privadas o por las autoridades, están bajo custodia del Estado y éste es responsable de prevenir violaciones a derechos humanos, entre las que destaca la obligación de prevenir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.