Organizaciones de la sociedad civil, que participaron en el diseño de la legislación federal sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, advirtieron que la relección del titular de la fiscalía especializada en la materia, como se preve en los dictámenes del modelo local que votará el lunes la Asamblea Legislativa (ALDF), abrirá la puerta a su potencial politización.

Red por la Rendición de Cuentas (RRC), México Evalúa y Tú, Constituyente descartaron que esta y otras disposiciones que no se ajustan a la Carta Magna de la Ciudad de México sean corregidas en la discusión del paquete legislativo en el pleno, por lo que caerán en acciones de inconstitucionalidad, lo que retrasará su puesta en marcha. Adelantaron que vigilarán los procesos para designar a los titulares de los órganos que componen el sistema para denunciar cualquier anormalidad.

En tanto, diputados de la Asamblea Constituyente, entre ellos, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas Rodríguez, emitirán hoy un pronunciamiento relativo a las transgresiones contenidas en los dictámenes de la ALDF sobre los preceptos de la Constitución Política local, al que se han sumado diversas personalidades públicas, agrupaciones y ciudadanos.

Mónica Tapia Álvarez, del colectivo Tú, Constituyente, alertó que como están redactados los dictámenes, por muy transparentes que se hagan, no garantizan su autonomía y en la forma apresurada en que se quieren hacer los nombramientos se percibe la intención de sacarlos por acuerdos de cuotas y cuates.

La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e integrante de la RRC, Liliana Veloz Márquez, resaltó que si bien se incluyeron propuestas de las organizaciones, como la profesionalización del servicio público del sistema, preocupan los mecanismos para nombrar a los titulares de la fiscalía y del órgano auxiliar del comité coordinador del sistema, que son puestos clave para su operación y para que realmente rindan los resultados que estamos buscando.

Coincidió el académico de la Escuela de Gobierno del Itesm e investigador de México Evalúa, Marco Fernández, y cuestionó la falta de voluntad de los asambleístas para aplicar mecanismos de parlamento abierto.

De lamentar que sea en la propia Ciudad de México, donde una mayoría legislativa de izquierda que se supone estaría más proclive a abrir la puerta a la participación ciudadana, en el fondo fueron reacios a tener una discusión seria para mejorar y enriquecer el marco jurídico de la ciudad, apuntó.

Agregó que el dicho de los diputados de que contaron con la asesoría del CIDE, eso no es consultar a la sociedad civil, lo que hicieron fue contratar un trabajo de consultoría, cuyos resultados además no se hicieron públicos, documento sobre el que Veloz Márquez explicó que se elaboró incluso antes de que se expidiera la Constitución local y en varias de sus consideraciones se señalaba precisamente que debía esperar a que se tuviera la carta de derechos local.