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Hubo ocurrencias no notificadas a los institutos, afirma Marco Antonio Baños

División en el INE por criterios para fundamentar las multas a partidos

Las bases están definidas en el reglamento de fiscalización, sostiene Pamela San Martín

 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de julio de 2017, p. 10

Desde que la reforma electoral modificó el modelo de fiscalización de gastos de campaña, el impacto económico en términos de sanciones a los partidos políticos se ha incrementado sustancialmente: si en 2015, con 19 comicios locales y uno federal el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 313 millones de pesos, para 2016, con 14 elecciones, ese monto subió a 420 millones, y este año el instituto proyecta multas por 872 millones de pesos, con sólo cuatro comicios locales.

El rumbo que ha tomado la fiscalización este año ha dividido al Consejo General del INE sobre el fundamento de las sanciones, cuyas repercusiones políticas incidirían no sólo en los partidos sino, eventualmente, en la propia autoridad electoral.

Para el consejero Marco Antonio Baños, en el proceso actual se introdujeron ocurrencias, no notificadas a tiempo a los actores, que modificaron criterios cuyos efectos han derivado en que se disparara el monto de las multas y se anticipe, indebidamente, posibles anulación de elecciones.

Desde otra perspectiva, la consejera Pamela San Martín sostiene que los fundamentos de las sanciones están claramente establecidos en el reglamento de fiscalización y los partidos tenían pleno conocimiento de ello.

No hay sorpresas, agrega, pues desde el año pasado se endurecieron las sanciones por gastos no reportados de los partidos y esto incluye los puntos más polémicos: gastos de representantes de casilla y la repercusión en multas de erogaciones no reportadas.

A manera de ejemplo, si el PAN fue multado en 2015 con 50.4 millones de pesos en 19 elecciones y con 50.4 millones en 2016 en 14 procesos locales, para 2017 se proyectan multas por 201.4 millones de pesos en sólo cuatro elecciones.

En el caso del PRI, si en 2015 fue sancionado con 79.6 millones de pesos y en 2016 con 21.6 millones, para 2017 se estiman multas por 146.3 millones de pesos.

Aunque defiende la consolidación del modelo con base en las definiciones reglamentarias, para Baños las ocurrencias de algunos compañeros que modificaron sobre la marcha la fiscalización de este año, es el fundamento de que se hayan disparado las sanciones y que, además, su efecto sea jurídicamente endeble.

Asume que la fundamentación de las multas es poco sólida por los cambios de criterios, en algunos casos no notificados a los partidos, cuyo efecto pudiera ser que las resoluciones del INE sean revertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La postura de San Martín parte de que todas las sanciones están sustentadas reglamentariamente, incluso el tema más polémico: el gasto en los representantes de casilla el día de la elección. Lo estipula el artículo 216 del reglamento de fiscalización y el efecto como gasto no reportado estaba cuantificado claramente con una sanción de 150 por ciento del monto involucrado.

Para la consejera, el incremento en las multas tiene explicación en el volumen del gasto no reportado por los partidos y en una consolidación de la capacidad de verificación del INE de diversos rubros, cuya consecuencia es elevar el volumen del gasto no reportado. No se trata sólo de buscar aplicar las multas, pues si el partido reporta, el impacto en las sanciones será mínimo. Subraya que los partidos conocían los supuestos en que se aplicaría esta interpretación, incluido el gasto de representantes de casilla.

La diferencia de criterios anticipa un intenso debate este viernes. Baños subraya que hubo modificaciones sobre la marcha en cuanto a la matriz de precios, un criterio que establece que en los casos de gastos no reportados la autoridad aplicará el costo mayor que reporten otros partidos.

Sin embargo, sostiene que hubo modificaciones en la aplicación de este criterio, particularmente en los recursos erogados en los representantes de casilla, pues hubo cambios acerca del reporte y los tiempos para que los partidos acreditaran que sus representantes no cobraron, y esto tuvo repercusiones en cuanto al rebase de topes de gastos de campaña, no sólo en la elección de gobernador de Coahuila, sino en la de los 121 alcaldes.