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Lesvy no se suicidó, su muerte debe procesarse como feminicidio: familiares

Rechazan abogados la versión de la PGJ

Su novio la agredió horas antes, señalan

Acompañados de ONG y académicas de la UNAM, realizan protesta en tribunal

Foto
Familiares de Lesvy Berlín Osorio Rivera, organizaciones sociales y un grupo de académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante la protesta realizada en las oficinas del tribunal ubicadas en Sullivan 133, colonia San Rafael, donde afirmaron que la PGJ miente al señalar que se trató de un homicidio para cubrir las omisiones e irregularidades en la investigaciónFoto Luis Humberto González
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de julio de 2017, p. 27

Jorge Luis González Hernández, novio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, permanecerá en el Reclusorio Oriente luego de ser vinculado a proceso por el delito de homicidio simple doloso en contra de la joven hallada muerta el 3 de mayo en Ciudad Universitaria. Sin embargo, familiares, organizaciones sociales y un grupo de académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México rechazaron que se trate de un suicidio y exigieron que se investigue el caso como feminicidio.

En la audiencia que se prolongó más de cinco horas, el juez de control Ricardo Franco Reyes fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria en contra de González Hernández, contra quien mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se encuentra desde el jueves pasado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que de esta manera se resuelve la situación jurídica del hombre de 29 años de edad, en la duplicidad del término constitucional, pues en audiencia celebrada el 6 de julio así lo solicitó la defensa del imputado, luego de que el agente del Ministerio Público lo acusó de ejercer violencia contra Lesvy Berlín.

Consideró que, pese a haber estado a unos tres metros de distancia de la ahora occisa, no hizo maniobra alguna para que no muriera asfixiada, ya que se había colocado alrededor del cuello el cable de metal de un auricular de una caseta telefónica ubicada en las inmediaciones del edificio 4 del Instituto de Ingeniería, y su propio peso y la fuerza de gravedad provocaron que se ahorcara.

El suicidio fue rechazado en la audiencia por los abogados de la familia de Lesvy, y exigieron que su muerte sea procesada como un feminicidio perpetrado por su novio, quien la habría agredido días y horas antes de su fallecimiento y pudo haberla asfixiado con sus propias manos.

Ni un feminicida más en las calles

Araceli Osorio, madre de la joven de 22 años, aseguró que en los videos que le fueron mostrados se observa cuando el novio toma la cadena del perrito de mi hija y la golpea fuertemente en la cara, por lo que pido al juez, como madre, que haga justicia, que sea congruente con la responsabilidad que tiene y no permita que un feminicida más esté en las calles.

En una protesta realizada en las oficinas del tribunal, ubicadas en Sullivan 133, colonia San Rafael, un centenar de amigos e integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos gritaban consignas como: La muerte de Lesvy no fue un suicidio, fue un feminicidio. Ni un feminicidio más.

Tras pintar con gis la silueta de algunas mujeres en el suelo, como si estuvieran muertas, afirmaron que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) miente al señalar que se trató de un homicidio para cubrir las omisiones e irregularidades en la investigación, carente de perspectiva de género y sin seguir ningún protocolo para investigar un feminicidio.

El grupo de académicas expertas en perspectivas de género de la UNAM, en un desplegado argumentó que no se ha investigado el caso como feminicidio, con lo cual se incumplen ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y la jurisprudencia obligatoria, que ante muertes violentas de mujeres se debe aplicar.

Consideró que al emitir sus conclusiones, las autoridades del caso revictimizaron a Lesvy y a su familia, porque no se garantizaron ni respetaron los derechos de las víctimas, y al concluir que era un suicidio, el Ministerio Público no lo comunicó previamente a la familia para que hiciera observaciones oportunas ejerciendo su función de coadyuvancia, como señala la Constitución Política.