Aunque obligado por el contexto económico nacional debió cancelar su megaproyecto de ampliación de oficinas centrales y devolver mil 70 millones de pesos, en el desarrollo de tan sólo cuatro contratos de trabajos previos, el Instituto Nacional Electoral (INE) incurrió en irregularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta pública 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Adjudicación de contratos directos por montos superiores a la norma, carencia de dictámenes de excepción de licitación pública y deficiencias en la conclusión de cada proyecto, son las anomalías.

Asimismo, de la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios se acreditó que uno de los contratistas no presentó ante el instituto la documentación que acredite la inversión del anticipo otorgado. Posteriormente, durante la auditoría el INE exhibió copia de 24 facturas por un importe de 7.8 millones de pesos, cuando el anticipo entregado fue de 9.5 millones, por lo que el instituto no acreditó los restantes 1.7 millones de pesos.

De acuerdo con la auditoría realizada al proyecto en oficinas centrales, la ASF remitió a la Contraloría General del INE la investigación y, en su caso, sanción a los funcionarios involucrados en las irregularidades en los procedimientos vinculados a los contratos y que podrían derivar en recuperaciones por 2.5 millones de pesos.

La ampliación de las oficinas centrales del INE había sido un proyecto largamente postergado por la institución y cuyo objetivo central era reducir los elevados costos de arrendamiento que sostiene anualmente 82.5 millones de pesos. Tras un frustrado intento de financiarlo mediante un fondo creado gracias a ahorros en su gasto, finalmente el INE obtuvo la partida aprobada por el Congreso, pero en medio del aumento a la gasolina, el incremento en la paridad del dólar y el anuncio de medidas de austeridad, el INE debió cancelar su cuestionado proyecto que había recibido críticas por el monto de recursos y por las características del mismo.

En el desglose de irregularidades, la ASF destaca que el INE celebró con Balau Arquitectos un convenio de servicios relacionados con la obra pública el otorgamiento de un contrato con adjudicación directa por un monto de 3.2 millones de pesos, cuando la normativa fija como monto máximo para este procedimiento sin licitación 551 mil pesos. El INE no presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar el contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa del contrato INE/SROP/06/2015.

Más adelante, al referirse a aspectos más técnicos, la ASF detalla que en la propuesta técnica y económica presentadas en el proceso de licitación y adjudicación directa de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado INE/SROP/02/2016 e INE/SROP/05/2016, los análisis de precios unitarios no son acordes con la metodología de ejecución de los trabajos, lo que representa, para este último, un importe por aclarar de 495 mil pesos.

Asimismo, el INE no presentó el dictamen de excepción a la licitación pública para otorgar los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado INE/SROP/02/2016 y INE/SROP/06/2015 mediante el procedimiento de adjudicación directa. Por todo ello, involucrado en estos contratos el instituto tiene un saldo pendiente a comprobar por 1.7 millones de pesos.