Organizaciones defensoras de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) calificaron de histórica la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que, por primera vez, se presentó la situación de este sector de la población en el país.

No obstante, en conferencia de prensa, Letra S, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y Matrimonio Igualitario, México, señalaron ayer que algunos avances reportados por el gobierno mexicano en esta materia han partido de la sociedad civil.

Alex Alí Méndez, coordinador de Matrimonio Igualitario, dijo que al Estado se le está olvidando que la lucha del matrimonio igualitario la estamos iniciando desde la sociedad civil, y las autoridades “no se pueden enorgullecer de un logro que ha sido ciento por ciento ciudadano.

Lo mismo estamos haciendo ahora con el tema de la identidad trans. Ante la falta de interés de las instituciones, es la ciudadanía la que se empodera y utiliza recursos judiciales para ir conquistando sus derechos.

En temas de igualdad y no discriminación no se trata de la buena voluntad de las autoridades, sino de la aplicación estricta de la Constitución federal y los tratados internacionales, señaló.

Alí Méndez señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene una deuda pendiente para subsanar la falta de un recurso que permita que de una vez por todas se armonice la legislación en las entidades federativas, donde la discriminación es mucho más negativa.

Alejandro Brito, director de Letra S, suplemento publicado por La Jornada, mencionó que muchos de los avances son sólo normativas o protocolos que todavía no se materializan en políticas reales de atención de las personas de la diversidad sexual.

Refirió como ejemplo el Programa Nacional por la Inclusión y No Discriminación 2014-2018, en el cual una de las líneas de acción era crear un registro de delitos perpetrados contra las personas de la comunidad LGBTI en México; en eso no se ha avanzado nada y estamos a un año de que termine el sexenio.

Lamentó la ausencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el grupo de representantes del gobierno en la audiencia de la CIDH realizada en Lima, Perú. Si realmente el Estado tuviera la voluntad de hacer un cambio profundo para mejorar las condiciones de los derechos humanos de las personas LGBTI, nos estaría reportando los cambios en los programas y la currícula escolar. Agregó que en materia educativa no hay ningún avance, más bien podríamos hablar de retroceso.