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Demandan autonomía financiera para ese instrumento
 
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de mayo de 2017, p. 10

En la sesión ordinaria de la junta de gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se planteó la autonomía financiera de dicho instrumento, aunque no se establecieron acuerdos concretos para alcanzarla, después de que el Congreso no le asignó recursos para este año.

Integrantes de la junta han advertido que los recursos con los que cuentan actualmente sólo alcanzarán para operar hasta agosto o septiembre, con lo cual dejarían sin atender a los 538 beneficiarios que tiene actualmente el mecanismo.

Por ahora, el fideicomiso opera con remanentes de años anteriores, y se estima que para terminar el año se requieren al menos 40 millones de pesos.

Aunque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, subió a su cuenta de Twitter diversas fotos de la sesión ordinaria, así como de la instalación y mesas de trabajo del mecanismo –que se llevaron a cabo a puerta cerrada–, la dependencia no informó de acuerdo alguno.

Sin embargo, varios de los asistentes revelaron que el tema de la autonomía financiera efectivamente fue planteado, además de que se expresó la preocupación por esta escasez de recursos en que lo dejó el Congreso.

Las mesas de trabajo se instalaron con personal de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, estuvieron representantes de las cámaras de Senadores y de Diputados, del Poder Judicial, de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Hay que recordar que el mecanismo, que entró en funcionamiento en noviembre de 2012, se creó con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, en este caso periodistas y defensores de derechos humanos.