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Negocios y Empresas

El caos en la gasolina

E

l gobierno juega con fuego en materia de hidrocarburos y, en especial, en el caso de las gasolinas. Por un lado, abre el mercado a la iniciativa privada para que compre en el extranjero y lo venda directamente o a través de terceros; pero, por otro, manipula los impuestos, pierde el control de los ductos frente al crimen organizado y trae un gran desorden en Petróleos Mexicanos (Pemex), que cada vez produce menos gasolina.

En materia de impuestos, además del IVA, cobra el IEPS y lo cambia a capricho. Una semana lo fija en cierta cantidad, y a la siguiente lo cambia de acuerdo con consideraciones políticas. A comienzos de este año el precio de la gasolina Premium aumentó 20.1 por ciento, la Magna 14.2 y el diésel 16.5. Se suponía que a partir de ese momento se ajustarían los precios a los niveles de Estados Unidos, más el IEPS correspondiente, pero a final de cuentas las autoridades consideraron que la presión social no aguantaría y dejaron los precios casi al mismo nivel.

De entonces a la fecha el IEPS se mueve según el humor de los funcionarios públicos, y no sería raro que cuando se acerque la elección del estado de México el Presidente decida bajar dicho impuesto para dar la impresión de que la economía avanza sin contratiempos y de que la inflación está controlada.

Otro problema grave es el robo de combustibles de los ductos en zonas estratégicas, como Puebla e Hidalgo. Ya no se trata de individuos que hurtan el equivalente a un camión-cisterna para venderlo en la carretera, sino de bandas organizadas que controlan cerca de 10 por ciento del combustible que pasa por algunos ductos y que venden a través del mercado formal de gasolineras. Para colmo de males esos grupos tienen la capacidad para generar caos, incendiar ductos en lugares estratégicos y dejar parte del país sin combustible, si es que el gobierno los quiere controlar.

Como los vicios aquí señalados, Pemex vive una situación de crisis financiera y operativa que no podrá resolver a corto ni mediano plazos, lo cual, sin duda, afectará su operación y perjudicará a la inversión pública y privada en el sector.