Tras manifestarse en contra de la ley de seguridad interior, organizaciones de derechos humanos, principalmente del estado de Guerrero, afirmaron que de nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública en la entidad, pues los niveles de violencia aumentan exponencialmente cada día, agravados con la violación a los derechos humanos de la población y la impunidad de policías y militares.

En una declaración conjunta, se señala que la discusión y debate de esta ley es particularmente importante en Guerrero, que es el epicentro de la militarización que ha dejado una huella profunda de dolor y sufrimiento a causa de centenares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y torturas, las cuales permanecen en la impunidad, desde la época de la guerra sucia y la emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en contra el narco.